Amplían a Arizona el programa que devuelve a México a solicitantes de asilo

Integrantes de la caravana migrante de hondureños permanecen en ciudad Hidalgo el 25 de enero, en el estado de Chiapas (México). EFE/Luis Villalobos/Archivo

Tucson (AZ), 6 dic (EFEUSA).- El Gobierno del presidente Donald Trump amplió a Arizona el programa Protocolo de Protección Migrante (MPP), y un grupo de nueve venezolanos que solicitaron asilo en la frontera de Nogales ya fue enviado a Laredo (Texas) para ser devuelto a México.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) informó oficialmente del primer caso de familias migrantes que fueron procesados en Nogales bajo este programa conocido como «Quédate en México», que hasta ahora estaba activo en parte de California y Texas.

El pasado miércoles, tres unidades familiares y dos adultos originarios de Venezuela se presentaron en el puerto de entrada de Nogales tras cruzar a través de los carriles destinados a los vehículos, informó anoche CBP en un comunicado de prensa.

Este es el primer caso del que se tiene conocimiento oficial sobre la implementación de MPP en Arizona, aunque desde finales de noviembre organizaciones que defienden los derechos de los migrantes habían denunciado y condenado la ampliación del polémico programa en el sector Tucson de la Patrulla Fronteriza.

Los migrantes que sean arrestados en la frontera de Arizona serán transportados hasta El Paso (Texas), donde serán enviados de regreso a México para esperar allí a que se complete su proceso de asilo político, como les ha ocurrido ya a decenas de miles de personas.

Esto fue lo que ocurrió con el grupo de nueve migrantes venezolanos, quienes, de acuerdo a CBP, ya fueron regresados a México.

El anuncio de la agencia federal llega días después de que el Centro para Estudios de Inmigración (CIS), organización que está a favor de mayor control migratorio y que ha logrado influir en muchas de las decisiones del Gobierno Trump en esta materia, criticase que Arizona fuese un «agujero en la red MPP».

En su opinión, esta situación suponía una «vulnerabilidad significativa a la aplicación de la ley fronteriza» que la Administración debía de abordar de «inmediato».

La Administración Trump anunció en enero pasado la implementación en parte de la frontera de este programa cuyo futuro se analiza en las cortes después de que fuera denunciado ante la justicia por varias organizaciones.

La Corte Suprema permitió el pasado mes de julio que el controversial programa continuase en efecto mientras es debatido en las cortes inferiores.

Mientras tanto, la llegada de MPP a la frontera de Arizona con México ha causado un fuerte repudio entre grupos y defensores de los migrantes que por años han operado albergues para brindar asistencia.

«La actual política no proporciona protección a los más vulnerables, por lo contrario, los ha puesto en un gran peligro al enviarlos a ciudades que no pueden asistirlos de forma adecuada», dijo el arzobispo de la Diócesis de Tucson, Edward J. Weisenburger, en declaraciones enviadas a los medios de comunicación.

Este jueves, la organización Human Rights First (HRF) publicó un informe en el que se asegura que cientos de migrantes son «secuestrados, torturados, violados y violentamente atacados» mientras esperan en México a que se resuelvan sus casos de solicitud de asilo en EE.UU. debido a MPP.

El reporte indica que hay al menos 636 casos registrados de ese tipo de agresiones a inmigrantes que fueron devueltos a México, de los cuales, al menos 138 son de raptos y intentos de secuestro de menores de edad.

A principios de esta semana, el Gobierno de la Ciudad de Tucson liderado por la primera alcaldesa latina de esta ciudad, Regina Romero, aprobó una proclamación en la que pedían al Gobierno Federal suspender la implementación del MPP.

«Tucson ha sido una ciudad que ha recibido a los migrantes con las manos abiertas, contamos con los albergues para seguir dando ayuda a estas familias, no hay necesidad de que MPP sea implementado en Arizona», dijo Romero a Efe.

La organización binacional Iniciativa Kino para la Frontera también condenó la ampliación del programa «Permanecer en México» en la frontera de Arizona calificándolo como un «intento más» de la Administración Trump para dificultar aún más el proceso de solicitud de asilo político.

Katie Sharar, representante de esta organización, que cuenta con albergues en Nogales, Arizona y Nogales (México), dijo a Efe que los migrantes que son procesados en Arizona tienen más oportunidades de recibir asistencia legal que aquellos que son procesados bajo MPP.

«Una vez que se los llevan de Arizona, es mucho más difícil seguir en contactos con ellos», dijo.

De acuerdo a esta organización, actualmente hay 3.000 migrantes esperando del lado mexicano la oportunidad de presentar sus casos de asilo en los puertos de entrada en Arizona.

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La Casa Blanca celebra un fallo judicial que apoya su política migratoria

Washington, 6 dic (EFEUSA).- La Casa Blanca celebró hoy el fallo emitido por el tribunal de apelaciones del noveno circuito que desestimó la decisión de dos jueces de distrito que bloqueaba el intento de la Administración de Trump de recuperar una norma que permite negar la residencia o deportar a aquellos extranjeros que puedan convertirse en «cargas públicas» para el Estado.

«El noveno circuito ha reconocido el derecho de la autoridad de la Administración para adoptar la interpretación de la restricción de ‘carga pública'», se congratuló la Casa Blanca en un comunicado.

Sin embargo, la resolución emitida este jueves no permitirá aplicar esta política migratoria en el país, ya que todavía están en vigor dos ordenes judiciales que prohíben su implementación en todo el territorio.

El Gobierno de Trump ha defendido esta iniciativa, que facilita el rechazo de inmigrantes legales con bajos ingresos que puedan convertirse en una carga pública en el futuro o retirar el permiso de residencia legal a los que posteriormente accedan a programas de ayuda y dependan de ellos para subsistir.

Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración definen como carga pública a todo individuo que pueda potencialmente depender del Gobierno como fuente primaria de subsistencia, lo que se demostraría con la recepción de dinero de origen público como sustitutivo de renta.

Estos beneficios públicos incluyen asistencia alimentaria, vales de ayuda de vivienda y programas que subsidian el costo de los medicamentos, entre otros.

Bajo esta nueva regla, un inmigrante legal sería definido como «carga pública» si recibe «uno o más beneficios públicos designados» durante más de 12 meses en un período de 36 meses, y en el caso de recibir dos ayudas públicas simultáneamente al mes, se contaría como dos meses, según explicó el director interino de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), Ken Cuccinelli, al anunciar en agosto la medida.

El actual ejecutivo pretende recuperar esta política migratoria «aprobada por el Congreso» e implementada «durante más de un siglo» que sienta las base para el rechazo del permiso de residencia y deportación de aquellos inmigrantes considerados como potenciales cargas públicas.

Esto contradice la regulación establecida por el expresidente Bill Clinton (1993-2001) en 1999, que invitaba a no seguir las pautas de este estatuto federal.

Desde la Casa Blanca han lamentado que, «por desgracia», esta decisión de la corte del noveno circuito no vaya a tener efecto práctico a la hora de reivindicar los deseos del actual ejecutivo, pues existen otras dos resoluciones judiciales emitidas por dos jueces de los estados de Nueva York y Maryland que prohíben aplicar este estatuto en el conjunto del país.