El Congreso mantiene derogar las penas de cárcel por coacción en huelgas, pese al PP

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero (d), conversa con la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, al inicio del pleno celebrado hoy en el Congreso. EFE

Madrid, 15 nov (EFE).- El Pleno del Congreso ha decidido hoy continuar con la tramitación de la propuesta de ley que pide derogar el artículo 315.3 del Código Penal que penaliza con hasta tres años de cárcel a los piquetes que coaccionen en una huelga, y ha rechazado la enmienda a la totalidad presentada por el PP.

A falta de la votación, prácticamente todos los partidos políticos han rechazado la enmienda a la totalidad del grupo parlamentario popular que argumenta que “la actuación de los piquetes coactivos atentan claramente contra la libertad y el derecho al trabajo”.

La iniciativa del PP ha sido rechazada por PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, ERC, PNV, ERC, PDeCAT, Compromís y EH Bildu.

La iniciativa popular afirma que fue precisamente el Gobierno del PP el que “suavizó” el artículo 315 del Código Penal, que en 1995 planteaba penas mayores, de hasta 4 años y medio, y rebaja las sanciones mínimas y pide que sean castigados con penas de cárcel de seis a dos años o multa de seis a doce meses, los que mediante engaño impiden o limiten el derecho de huelga.

Si las conductas reseñadas se llevan a cabo con coacciones las penas de prisión serían de entre un año y nueve meses hasta tres años.

La diputada del PP Silvia Valmaña ha dicho que su enmienda de totalidad es para “reflexionar” sobre los derechos de los trabajadores, “que también deben ser revisados” y ha puntualizado que no buscan “endurecer el castigo”, sino hacer “las cosas bien para lograr los efectos deseados y no los contrarios”.

Ha explicado que si se deroga este artículo las penas se endurecerían más porque las infracciones se irían a otros puntos del artículo 315 del Código Penal.

La diputada de Unidos Podemos Aina Vidal ha defendido el derecho de huelga “clave” del Estado de derecho porque supone democracia y reprimirlas o criminalizarlas “nunca conseguirá que se extingan”.

“El piquete más efectivo en cualquier huelga y el más violento es la patronal, que coaccionan y vulneran derechos constitucionales”, ha puntualizado tras recordar que el trabajo de los piquetes “son horas de espera y de control”.

La diputada del PSOE Rocío de Frutos ha defendido que los piquetes forman parte del derecho fundamental de huelga y es una necesidad sobre todo tras la reforma laboral del PP que ha “cercenado la negociación colectiva”.

De Frutos ha afirmado que incluso el Tribunal Constitucional pide ir más allá en la definición en las coacciones de forma más estricta.

Desde Ciudadanos, el diputado Javier Cano ha señalado que su partido presentará enmiendas parciales a la propuesta de Podemos para cambiar el articulado del 315 y para que no se ponga en riesgo la seguridad jurídica, como -en su opinión- hace Unidos Podemos al pedir la anulación de las sentencias ya firmes.

Por su parte, el diputado de ERC Jordi Salvador ha aseverado que es un artículo que rememora el franquismo y que en 2012 fue utilizado contra la libertad y “ató de pies y manos a los trabajadores organizados en defensa de sus reinvindicaciones”.

El diputado del PNV Mikel Legarda ha señalado que su partido rechaza la enmienda porque el cambio que pide el PP, de rebajar las penas menores, impide un debate de fondo con expertos y con partes afectadas y que debe producirse durante su tramitación.

Carles Campuzano, del PDeCAT, ha dicho que vota en contra de la propuesta del PP porque penaliza el conflicto social y ha considerado que los agentes sociales son lo que deben redactar una propuesta para ser debatida.

Desde Compromís, Enric Bataller ha señalado que el PP “no entiende” que el derecho de huelga es un derecho fundamental que recoge la Constitución y ha dicho que es un artículo “clasista” que penaliza a los trabajadores.

En mayo de 2017 la mayoría del Congreso apoyó tramitar la derogación de este artículo aunque varias formaciones puntualizaron que cambiarán el texto durante la tramitación de enmiendas parciales.