El equipo de la CIDH no investigó el secuestro de los periodistas, dice el procurador de Ecuador

En la imagen, el procurador de Ecuador, Iñigo Salvador. EFE/Archivo

Quito, 10 dic (EFE).- El procurador de Ecuador, Iñigo Salvador, ha insistido hoy en que el Equipo de Seguimiento Especial (ESE), creado para acompañar la investigación del secuestro y asesinato de un equipo periodístico en la frontera con Colombia, no aprovechó “el tiempo que tenía a su disposición para concluir el trabajo”.

“Que el ESE no haya aprovechado el tiempo que tenía a su disposición para concluir el trabajo, no es algo que pueda ser imputado al Estado ecuatoriano”, reiteró Salvador en una rueda de prensa celebrada hoy en Quito, tras la audiencia pública del pasado jueves en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que se trató el trabajo realizado por el ESE durante seis meses.

El procurador general explicó que el Estado ecuatoriano no ve “ni la necesidad, ni la pertinencia jurídica” para ampliar el tiempo de duración de la misión de los expertos en el país, sobre todo “cuando en su investigación parecen estar poniendo énfasis en los supuestos autores mediatos del delito (…), y esto no está dentro de su mandato”.

En ese sentido, el abogado del Estado justificó que Ecuador se haya negado a permitir un tiempo adicional para un peritaje en la frontera -sobre la situación de inseguridad para el ejercicio del periodismo-, pues no se creía posible que el ESE terminara el informe antes de concluir el plazo que se le había dado para llevar a cabo su misión.

“El ESE tiene en sus manos toda la información que le permitiría realizar recomendaciones al Estado ecuatoriano sobre las medidas de seguridad a tomar para el ejercicio del periodismo en la zona de frontera; no vemos que tan tardíamente haya la necesidad de realizar ese peritaje después de seis meses”, razonó.

También ha vuelto a pedir a la CIDH que levante las medidas cautelares, de protección, que impuso el 12 de abril del presente año ya que, en ese momento, no se conocía aún que el equipo de periodistas del diario El Comercio había sido asesinado por el autodenominado frente “Oliver Sinisterra”, grupo armado escindido de las FARC.

Salvador recordó que las medidas cautelares tienen por objeto “precautelar situaciones de gravedad y urgencia que presenten un riesgo de daño irreparable a las personas o al objeto de una petición a los órganos del sistema interamericano”, y puesto que ese daño irreparable ya fue causado, “estas medidas tienen que ser levantadas, ya no son vigentes”, acotó.

Igualmente, aseguró que el archivo de estas medidas cautelares no implicará que la Fiscalía General del Estado deje de investigar lo sucedido en marzo y abril de este año.

Sobre ello, admitió que el Ministerio Público investigaría aquellos hechos delictivos ocurridos en territorio ecuatoriano o por ciudadanos del país, aunque la principal hipótesis que baraja el fiscal del caso, Wilson Toainga, es que el secuestro y asesinato se cometió en suelo colombiano.

“Podría ser que en la investigación del doctor Toainga se llegue a la conclusión contraria, que el delito fue cometido en territorio ecuatoriano, entonces a los autores directos y mediatos se les juzgará aquí”, apuntó el procurador general.

Asimismo, negó que Ecuador haya impedido el acceso a los documentos y agregó que la ley “establece que esta investigación previa es absolutamente confidencial”, por lo que no era posible entregar copias de esos textos al grupo de expertos.

Finalmente, reiteró que el Estado ecuatoriano “no cejará en perseguir a aquellas personas cuya responsabilidad se haya establecido, sin importar si son personas particulares o agentes estatales”, una vez que termine el proceso penal.

El periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra, que conformaban un equipo de prensa del diario El Comercio, desaparecieron el 25 de marzo pasado en un sector de la frontera entre Ecuador y Colombia, cuando investigaban la situación de violencia en esa zona.

El 13 de abril las autoridades ecuatorianas anunciaron que sus cuerpos habían sido encontrados en territorio colombiano.

Familiares de las víctimas han reclamado transparencia a las autoridades de ambos países para esclarecer el caso y han solicitado ayuda a la CIDH en las investigaciones.

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Quito, 10 dic (EFE).- Familiares de los tres integrantes del equipo de prensa del diario ecuatoriano El Comercio, secuestrados y asesinados entre marzo y abril en una zona fronteriza entre Ecuador y Colombia, expresaron hoy su preocupación por la posición del Gobierno sobre este caso.

Ricardo Rivas, hermano del fotoperiodista Paúl Rivas, aseguró hoy a Efe que a los familiares les “llama mucho la atención la posición del Gobierno” ecuatoriano, sobre todo tras una explicaciones del procurador (abogado del Estado), Íñigo Salvador, que recriminó a un equipo de la CIDH que acompañaba las investigaciones.

Asimismo, Ricardo Rivas dijo que la Fiscalía debería “reencauzar” las líneas de investigación, sobre todo luego que Colombia haya asegurado en una sesión de la CIDH, la semana pasada en Washington, que el secuestro ocurrió en Ecuador.

Rivas dijo que le extraña que las autoridades ecuatorianas se empeñen, más bien, en cuestionar la acción del grupo de seguimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y haya pedido que se cierren la medidas cautelares emitidas por el organismo internacional sobre este caso.

Expresó su esperanza de que el informe de la CIDH se presente en un tiempo perentorio y que contribuya al esclarecimiento de la verdad, aunque dijo temer de que ese estudio no disponga de elementos requeridos por los familiares en las investigaciones.

“No se han hecho pericias” que podrían contribuir al esclarecimiento de los hechos y de las responsabilidades de personas involucradas, agregó.

Asimismo, dijo estar preocupado de que aún hayan informaciones reservadas del caso, que ni siquiera la Fiscalía dispone, pese que el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, ordenó que se desclasifique toda la información sobre el caso.

El procurador de Ecuador, en una rueda de prensa, criticó que el Equipo de Seguimiento Especial (ESE) de la CIDH, no haya aprovechado “el tiempo que tenía a su disposición para concluir el trabajo”.

Además, Íñigo Salvador afirmó que Ecuador no ve “ni la necesidad, ni la pertinencia jurídica” para ampliar el tiempo de duración de la misión de expertos de la CIDH, sobre todo “cuando en su investigación parecen estar poniendo énfasis en los supuestos autores mediatos del delito (…), y esto no está dentro de su mandato”.

También ha vuelto a pedir a la CIDH que levante las medidas cautelares, de protección, que impuso el 12 de abril del presente año ya que, en ese momento, no se conocía aún que el equipo de periodistas del diario El Comercio había sido asesinado por el autodenominado frente “Oliver Sinisterra”, grupo armado escindido de las FARC.

Finalmente, reiteró que el Estado ecuatoriano “no cejará en perseguir a aquellas personas cuya responsabilidad se haya establecido, sin importar si son personas particulares o agentes estatales”, una vez que termine el proceso penal.

El periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra, que conformaban un equipo de prensa del diario El Comercio, desaparecieron el 25 de marzo pasado en un sector de la frontera entre Ecuador y Colombia, cuando investigaban la situación de violencia en esa zona.

El 13 de abril las autoridades ecuatorianas anunciaron que sus cuerpos habían sido encontrados en territorio colombiano.

Familiares de las víctimas han reclamado transparencia a las autoridades de ambos países para esclarecer el caso y han solicitado ayuda a la CIDH en las investigaciones.