El Parlamento Vasco pide una alternativa público-privada para La Naval

La consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, durante la reunión que mantuvo con el Comité de Empresa de La Naval, el pasado 27 de septiembre. EFE/Archivo

Vitoria, 11 oct (EFE).- El Parlamento Vasco ha abogado hoy de forma unánime por seguir buscando una alternativa público-privada para La Naval, que el Gobierno autonómico cree aún posible al considerar que el anuncio del ERE de extinción no implica el cierre inmediato del astillero de Sestao (Bizkaia).

Un día después de que la dirección de la empresa comunicase a los sindicatos que antes de finalizar este mes se va a presentar un ERE de extinción para toda la plantilla (117 trabajadores), la Cámara ha debatido sobre la situación de La Naval a propuesta de EH Bildu y Elkarrekin Podemos.

Con la firma de todos los grupos, el Parlamento ha aprobado una enmienda en la que se sostiene que la situación de la comarca vizcaína de Margen Izquierda y del conjunto de Euskadi pasa por mantener la actividad del astillero y de su industria auxiliar.

Para ello, el Parlamento ha emplazado al Gobierno Vasco a poner todos los medios disponibles a su alcance, incluyendo la inversión económica directa para evitar el cierre.

En este sentido, le reclama que elabore un informe para estudiar y respaldar desde los puntos de vista jurídico, económico e industrial una “operación de adquisición por parte de las administraciones públicas de los activos de La Naval que articule junto con el sector privado una alternativa que garantice su viabilidad industrial y económica”.

También solicita la convocatoria de una mesa en la que participen los gobiernos central y vasco, los accionistas de La Naval y la representación de la plantilla para estudiar todas la opciones, entre ellas, la participación de las instituciones públicas en la propiedad del astillero.

La Cámara emplaza al Ministerio de Industria a colaborar con el Gobierno Vasco en este camino, en especial en la búsqueda de un inversor de futuro y en la posible participación pública.

La consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, ha seguido el debate y en los pasillos de la Cámara ha precisado que el anuncio del ERE “no significa el cierre ni la liquidación de la empresa”.

“Es preocupante pero no significa que no haya solución”, ha insistido Tapia, quien ha reiterado que el Gobierno Vasco está dispuesto a adquirir una participación minoritaria de cinco millones y que se sigue buscando un inversor privado.

Ha insistido en que “no es posible ni el rescate ni la publificación porque la UE no lo permite” y ha instado a actuar por ello con responsabilidad, seguridad jurídica y sin levantar “falsas expectativas”, al tiempo que ha señalado que la construcción de la draga “Vox Alexia” daría tiempo para encontrar capital privado.

Desde los grupos parlamentarios, Iker Casanova (EH Bildu) ha reconocido que el Gobierno Vasco “no puede sacar la chequera y comprar La Naval”, por lo que ha apuntado que no se puede actuar con “frivolidad”, pero tampoco se puede fiar todo a la aparición de “un mirlo blanco ni de un unicornio”.

José Ramón Becerra (Elkarrekin Podemos) se ha mostrado más escéptico con lo aprobado y ha vuelto a reclamar el “rescate público de La Naval” al defender que es posible la participación pública “no sólo parcial sino total” y ha criticado al Gobierno de Vitoria por actuar de forma “inconsciente, débil y cambiante”.

Luis Javier Tellería (PNV) ha defendido la actuación del Gobierno Vasco y ha defendido que “aunque agónica”, gracias a su labor La Naval “está viva y con esperanzas”, mientras que la socialista Alexia Castello ha dejado claro que “no hay que tirar la toalla” y ha pedido al lehendakari, Iñigo Urkullu y a la consejera que “den un mil por mil” para evitar el cierre.

Por último, el popular Antón Damborenea ha destacado la importancia de articular una proyecto público-privado porque es un sector económico viable que en el caso de La Naval “ha tenido una gestión que no ha sido nada buena”.

Trabajadores de La Naval y de sus empresas auxiliares han seguido el debate desde la tribuna de invitados y se han concentrado en los exteriores del legislativo para pedir el rescate de la empresa.

El secretario del comité de empresa del astillero, Juanjo Llodrén, ha considerado insuficiente el acuerdo, ha exigido al Gobierno Vasco que “empuje” para lograr un rescate público y ha demandado la inmediata creación de una mesa con todos los actores implicados para buscar soluciones.

También ha apuntado la posibilidad de que los trabajadores pasen a formar parte del capital privado, planteamiento que para Tapia es positivo, pero no suficiente para lograr toda la inversión necesaria.

Además, no ha dado todo “por perdido” porque si el armador acepta terminar la construcción de la draga en Sestao “no habría ERE”. Por su parte, empleados de las industrias auxiliares, que cuentan con alrededor de 1.500 personas, han pedido ser tenidos en cuenta en todo el proceso.