Incertidumbre por el aplazamiento del desalojo de 89 familias en El Salvador

Incertidumbre por el aplazamiento del desalojo de 89 familias en El Salvador 

Ana Ruth Álvarez camina entre los restos de una vivienda que fue desalojada en la comunidad “Shafick Hándal” este lunes, en el municipio de Suchitoto (El Salvador). EFE

Suchitoto (El Salvador), 18 mar (EFE).- El aplazamiento del desalojo de 89 familias en una localidad del norte de El Salvador previsto para este lunes generó incertidumbre entre los afectados, quienes piden no llegar a la violencia mientras esperan la ayuda de las autoridades locales para trasladarse a otro lugar.

El Juzgado Primero de Paz de Suchitoto tenía previsto ejecutar esta mañana la orden de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de desalojar a estas personas de un terreno ubicado en la comunidad Shafick Handal, pero la acción se pospuso, inicialmente, para el jueves, sin que se conozcan las razones.

Ana Ruth Álvarez, habitante de la comunidad con orden de desalojo, ubicada en un terreno que pertenece al Gobierno, dijo a Efe que en la zona se vive una “situación tensa” dado que desconocen su futuro.

“No quisiéramos llegar a un desalojo violento” por la presencia de niños, ancianos y personas enfermas, señaló Álvarez, quien explicó que la única opción que les han dado las autoridades locales es su traslado a otro terreno.

Señaló que únicamente 22 familias han aceptado el traslado y que el resto se rehúsa por el “riesgo” de derrumbes que presenta el sitio asignado ante las lluvias.

Álvarez explicó que aceptarían moverse a dicho terreno si la alcaldesa del municipio, Pedrina Rivera, del gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), remueve las piedras que se encuentran en una zona inclinada del lugar y allana el terreno para construir sus casas.

Detalló que Rivera es la “más interesada” en desalojar la comunidad, que ocupa un terreno que supuestamente pertenece al Ministerio de Salud y en el que se pretende construir una clínica y una “casa de espera” para mujeres embarazadas.

Por su parte, Simeón Morales, también habitante de la comunidad Shafick Handal, explicó a Efe que existía un convenio con la alcaldesa para trasladarse cuando, además de allanar el terreno, se instalaran los servicios de agua potable y energía eléctrica.

Añadió que las familias que aceptaron el traslado fue por “temor a quedarse en la calle”, pese a que en el lugar “no se puede construir”.

Morales añadió que otro de los acuerdos era que cada familia pagaría 500 dólares por su parcela y que actualmente se ha planteado que paguen 1.500 dólares cada una.

Sostuvo que los habitantes de la comunidad se dedican principalmente a la agricultura y que “son gente pobre” que llevan seis años habitando el terreno.