Por Iván Acosta
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Santo Domingo, 24 mar.- El presidente Luis Abinader consideró este lunes como un «absurdo» la denuncia del viernes pasado de Amnistía Internacional (AI) de que en República Dominicana hay políticas discriminatorias contra migrantes haitianos.
«Eso es un absurdo. Amnistía Internacional lo que tiene es que trabajar de vocero para pacificar a Haití, eso es lo que tiene que hacer. Sus denuncias son un absurdo», dijo el gobernante durante su acostumbrada rueda de prensa de los lunes en el Palacio Nacional.
Las autoridades dominicanas «deben actuar contundentemente frente a las crecientes amenazas contra personas defensoras de los derechos de personas migrantes haitianas, dominicanas de ascendencia haitiana en situación de apatridia y afrodescendientes», señaló en un comunicado la directora para las Américas de AI, Ana Piquer.
Consideró que las autoridades locales «deben poner fin a las declaraciones, prácticas, políticas y decisiones antiderechos humanos que favorecen la persistencia del racismo estructural y que han producido un entorno habilitante para la discriminación».
Alegó que el presidente dominicano «tiene la oportunidad de liderar acciones concretas para fortalecer el respeto a las voces críticas y garantizar un entorno donde la defensa de la justicia racial sea protegida» e insistió en que «expulsar colectivamente a personas haitianas de la República Dominicana es cruel y racista».
En República Dominicana residen miles de haitianos, una gran parte de ellos en condición migratoria irregular. Desde octubre pasado, el Gobierno realiza deportaciones masivas hacia Haití. Ambos países comparten la isla caribeña de La Española.
Según informó la Dirección General de Migración Dominicana (DGM) a principios de marzo, desde que el Ejecutivo dispuso esta medida, más de 151,000 personas han sido reconducidas a Haití.
Solo en los primeros 15 días de este marzo, la DGM ha repatriado a casi 13,000 haitianos, pese a los llamamientos de organizaciones y organismos internacionales como AI para que los países no lleven a cabo devoluciones a un país donde en 2024 más de 5,600 personas murieron a causa de la violencia.
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