Cuáles son los puntos clave de la Ley de Agentes Extranjeros que promueve el gobierno de Bukele en El Salvador

Cuáles son los puntos clave de la Ley de Agentes Extranjeros que promueve el gobierno de Bukele en El Salvador

El martes de esta semana, el ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial de El Salvador, Juan Carlos Bidegain, por disposición del presidente Nayib Bukele, presentó ante la Asamblea Legislativa la iniciativa de Ley de Agentes Extranjeros, a fin de evitar la «injerencia».

«Con esta Ley se garantiza el derecho de la población a conocer los intereses extranjeros y que estos sean verdaderamente en beneficio nacional», dijo el funcionario al entregar el documento en el Congreso.

Bukele, a través de un comunicado publicado por la Casa Presidencial, dijo que esta propuesta de ley tiene como objetivo «garantizar la seguridad, la soberanía nacional y la estabilidad social y política del país».

En su cuenta en Twitter, el mandatario también agregó que se trata de «una ley similar a la que tienen todos los países desarrollados».

«Financiando a una oposición perversa»

La normativa fue presentada después de que el mandatario salvadoreño acusara a financistas extranjeros de patrocinar las protestas en contra de su administración.

El pasado 15 de septiembre, cuando se celebraron 200 años de la declaración de independencia de El Salvador y otros países centroamericanos, se realizó una multitudinaria movilización en contra del Gobierno de Bukele. Las manifestaciones se repitieron semanas después.

En un mensaje a la nación el mismo 15 de septiembre, el mandatario dijo que algunos «amigos de la comunidad internacional» estarían «financiando a una oposición perversa», a la que acusó de «vandalizar» propiedad pública y privada.

A principios de noviembre, cuando se conoció que EE.UU. otorgaría 300 millones de dólares a organizaciones no gubernamentales (ONG) de El Salvador, Guatemala y Honduras, Bukele señaló que, en el caso de su país, se trataría de apoyo económico para los detractores de su administración.

«¿Qué diría el Gobierno de los EE.UU. si nosotros financiáramos a su oposición política? Porque eso es lo que hacen esas ONG, y eso todo el mundo lo sabe», expresó.

Las claves de la normativa

Transparencia

De acuerdo con Bukele y Bidegain, lo que se busca con la ley es «transparencia» sobre los fondos que reciben personas naturales o jurídicas de El Salvador por parte de agentes extranjeros.

«Esta ley tiene por objetivo establecer el régimen jurídico aplicable a las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, cuyas actividades dentro de El Salvador respondan a intereses o sean financiadas directamente o indirectamente por un extranjero, a efectos de promover la transparencia sobre este tipo de organismos en El Salvador», explicó Bidegain durante la entrega del proyecto al Parlamento.

El diputado Christian Guevara, jefe de fracción de la Bancada Cyan, como se conoce al grupo parlamentario del partido Nuevas Ideas de Bukele, que recibió la propuesta, puso como ejemplo que organizaciones como la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) y la no gubernamental Cristosal reciben «millones de dólares anuales sin que se conozca el origen ni el destino de los fondos».

Evitar injerencia

Bukele explicó en su comunicado que con la normativa «se prohibirá la injerencia extranjera para financiar actos terroristas o actividades políticas».

En su alocución en el Parlamento, Bidegain indicó que se impedirá «que fundaciones y ONG fachada disfracen de donación lo que claramente es una injerencia extranjera».

Guevara fue más explícito y mencionó que la ley «impedirá que los extranjeros den dinero a partidos políticos«, lo que considera una «una muestra clara» del combate a la corrupción en El Salvador.

Además de la prohibición del financiamiento a actividades políticas desde el extranjero, la normativa también contempla el impedimento de fondear actividades no declaradas, cambiar el propósito declarado por el cual se reciben los fondos, recibir dinero de personas anónimas, entre otras, según reseña Teleprensa.

Impuesto

El artículo 10 de la propuesta de ley, según cita La Prensa Gráfica, establece que «por cada transacción financiera, desembolsos, transferencias o cualquier otro y que sean provenientes de fondos del mandante extranjero, sea a través de donaciones, pagos u otro, se aplicará un impuesto del 40 %, sin perjuicio de la imposición de otros impuestos que graven los mismos actos o hechos conforme al Código Tributario y administraciones respectivas».

Además, la propuesta plantea un Registro de Agentes Extranjeros de obligatorio cumplimiento y una multa de hasta 10.000 dólares para las entidades que no cumplan con los plazos establecidos en la ley y en reglamentos que serán creados por el Ejecutivo salvadoreño.

Fomento de donaciones para causas sociales

«Se fomentarán las donaciones por causas sociales libres de impuestos», añade el comunicado de Bukele.

El mandatario salvadoreño publicó en su cuenta en Twitter el artículo 5 de la normativa, que reza que la ley no será aplicable para misiones diplomáticas y consulares, organismos internacionales, agencias de cooperación internacional, organismos de asistencia humanitaria; así como a cualquier persona natural o jurídica que participe de actividades religiosas, de salud, escolares, académicas, científicas o de bellas artes.

Al respecto, Bidegain explicó que el marco normativo beneficiará a las organizaciones sin fines de lucro, puesto que estas serán eximidas del pago de impuestos sobre las donaciones internacionales que reciben para continuar desempeñando su labor social.

Críticas al proyecto

Acción Ciudadana, que se define como una asociación sin fines de lucro especializada en contraloría social, señaló que el proyecto de ley «tiene una dedicatoria contra las organizaciones sociales».

«El enemigo antes era la Asamblea Legislativa, los partidos, la Sala de lo Constitucional, ahora que no están, había que crear un enemigo y plantearlo como el causante de los problemas», dice la asociación en su cuenta en Twitter.

En otro trino, comenta que «lo que quieren es prohibir el financiamiento de las organizaciones que son incómodas».

Durante un debate en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa, que tuvo lugar este miércoles para tratar el proyecto, el diputado César Reyes, de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), dijo que el Gobierno pretende «socavar la democracia» y «poner cadenas a las organizaciones de la sociedad civil que defienden el estado de derecho, la transparencia y combaten la corrupción».

«Está claro que no se trata de fiscalizar o transparentar los recursos de las organizaciones de la sociedad civil, sino de menoscabar su trabajo de denuncia a los constantes abusos, violaciones a la Constitución y aspiraciones dictatoriales del Gobierno», opinó, por su parte, Anabel Belloso, diputada del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).