El consentimiento expreso será clave para juzgar delitos sexuales en España

El consentimiento expreso será clave para juzgar delitos sexuales en España

El Congreso español aprobó este jueves un proyecto de ley que reforma el Código Penal para eliminar la distinción entre abuso y agresión sexual, hace del consentimiento expreso la clave para juzgar los delitos sexuales y garantiza una atención integral a las víctimas.

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Varias enmiendas incorporadas en el trámite parlamentario consideran ilícita la publicidad que contribuya a promover la prostitución, y reconoce el derecho a la residencia y al trabajo a las víctimas de violencia sexual en situación irregular, en el marco de las autorizaciones excepcionales recogidas en la ley de extranjería.

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También recoge el derecho a recibir ayudas a las madres de los menores asesinados por sus parejas o exparejas, como víctimas de la violencia vicaria, y blinda la financiación de las medidas incluidas en el Pacto de Estado contra la violencia de género al establecerse que el Gobierno deberá aprobar las partidas presupuestarias necesarias.

Otra de las enmiendas establece que los menores que cometan delitos sexuales tendrán la obligación de realizar programas formativos sobre educación sexual y de igualdad de género.

La norma, que pasa ahora al Senado, obtuvo este jueves 201 votos a favor, mayoritariamente de partidos de izquierda y nacionalistas e independentistas vascos y catalanes, y 140 en contra de la oposición de conservadores y extrema derecha.

El Senado español ahora debe darle el visto bueno a la ley del «solo sí es sí».

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Ballesteros / Efe

La conocida como ley «del solo sí es sí», en alusión al consentimiento expreso en las relaciones sexuales, es un proyecto legislativo del Ministerio de Igualdad, que dirige Irene Montero, del partido Podemos.

Así, toda relación sexual sin consentimiento será agresión, haya o no violencia o intimidación; esta cuestión cobró relevancia con el caso de la Manada, cinco jóvenes condenados primero a 9 años de prisión cada uno de ellos por abusos sexuales cometidos contra una mujer de 18 años en 2016, aunque luego el Tribunal Supremo lo consideró violación y elevó la pena a 15 años.

«La libertad sexual, por fin, va a ser un derecho en nuestro país, y vamos a cambiar la violencia por la libertad y el miedo por el deseo», sentenció la ministra Montero durante el debate en el Congreso.

Advirtió de que la libertad sexual de las mujeres será una realidad, a pesar del «ruido reaccionario» de la extrema derecha, de los agresores y de la «justicia patriarcal».

La diputada socialista Laura Berja destacó que esta es una lucha del movimiento feminista y es «una buena ley» porque da respuesta a las víctimas de violencia sexual y cambia el Código Penal para que las mujeres no tengan que volver a gritar en la calle que «no es abuso, es violación».

La conservadora Marta González, del Partido Popular, consideró que esta no es la ley adecuada contra la violencia sexual, pues «parece una soflama de un programa electoral» de Podemos.

Además, la ley pone en riesgo la presunción de inocencia y será el denunciado el que tenga que probar que hubo consentimiento en la relación sexual, y no a la inversa, aseguró González.

EFE

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