El FMI allana la subida de impuestos a los carburantes que Hacienda prepara en plena escalada de precios

El FMI allana la subida de impuestos a los carburantes que Hacienda prepara en plena escalada de precios

Reforma fiscal Los expertos de Montero trabajan en gravar el transporte con más impuestos a los carburantes Fondo Monetario El FMI teme por la sostenibilidad de las pensiones y reclama a España que reduzca la deuda pública

El Fondo Monetario Internacional (FMI) avala la subida de impuestos a los combustibles que ambiciona María Jesús Montero. En el informe sobre la economía española que ha publicado esta semana, el organismo señala que España presenta «margen» para una fiscalidad de los carburantes «más ambiciosa», y propone claramente un «aumento de impuestos». Al diésel y también a la gasolina.

De esta manera, el FMI apoya una de las principales líneas de trabajo del grupo de expertos para la reforma fiscal, que tienen que entregar a final de mes el documento con sus conclusiones, y va incluso más allá de lo que la ministra de Hacienda quiso plasmar en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de este año. La oposición del PNV obligó a Montero a eliminar en el último momento la subida del diésel, medida que llegó incluso a cuantificar y prometer ante Bruselas. Pero ya entonces desde el Ministerio se apuntó que la actuación sólo se aplazaba, y 2023, año en el que la reforma fiscal estará en vigor «a más tardar», es el momento elegido por Hacienda para retomarla.

Sin embargo, desde algunos ámbitos del propio Gobierno y, en concreto, desde el Ministerio de Agricultura, se está intentando frenar la medida antes incluso de que se anuncie. La razón: que el precio de los combustibles está en máximos históricos y un incremento de los impuestos no haría más que elevar las cargas que ya sufren transportistas, taxistas y, por supuestos, agricultores. Todos ellos representan caladeros de votos muy importantes en los que otros partidos están muy dispuestos a pescar. Un ejemplo evidente: el de Vox y los agricultores y ganaderos.

Pero un aumento de los precios de la gasolina y el diésel también afectaría, de manera igualmente directa, a las clases medias y trabajadoras, las mismas a las que Montero siempre dijo que no elevaría impuestos. De hecho, el FMI reconoce que el impacto del incremento sería «heterogéneo» y que, además, tendría consecuencias importantes para los «hogares rurales» dado que su gasto en combustible es mayor al tener que recorrer «distancias más largas» y contar con «medios de transporte público limitados».

El documento del organismo que dirige Kristalina Gueorguieva también reflexiona sobre el hecho de que en España, al igual que el resto de países europeos, «los impuestos al diésel son sustancialmente más bajos». «Estos menores costes aumenta la demanda de coches diésel, que representan alrededor del 60% del parque automovilístico en España», explica el Fondo, cuando precisamente «el diésel tiene un mayor contenido de carbono» y ofrecen un «peor comportamiento que los vehículos de gasolina en términos de contaminación».

Esto es, que no tiene sentido que el diésel tenga un beneficio fiscal sobre la gasolina cuando lo que se busca justamente es reducir las emisiones. Y es que estas modificaciones impositivas, las que promueve el FMI y estudian los expertos de Montero, se enmarcan en lo que se denomina como fiscalidad verde y que busca elevar los ingresos tributarios penalizando los comportamientos y actividades más contaminantes.

Junto a estas actuaciones, el grupo para la reforma fiscal también ha trabajado en la armonización fiscal que la ministra de Hacienda lleva persiguiendo desde que llegó al Ministerio. La propuesta concreta se conocerá en breve, pero lo que parece seguro es que se propondrán unos mínimos para todo el país que eviten bonificaciones totales de impuestos, tal y como hace la Comunidad de Madrid, Andalucía o la Región de Murcia en algunos de los impuestos cedidos.