El procurador general de Perú denuncia al presidente Castillo por presuntos delitos de «patrocinio ilegal» y «tráfico de influencias»

El procurador general de Perú denuncia al presidente Castillo por presuntos delitos de «patrocinio ilegal» y «tráfico de influencias»

La denuncia se sustenta en diversas reuniones que habría sostenido el mandatario con la empresaria Karelim López Arredondo.

El procurador general de Perú, Daniel Soria Luján, denunció este viernes ante la Fiscalía de la Nación al presidente, Pedro Castillo, por la presunta comisión de los delitos de «patrocinio ilegal» y «tráfico de influencias».

La denuncia se sustenta, según una nota de prensa de la Procuraduría General, en las reuniones que habría sostenido Castillo con la empresaria Karelim López Arredondo, que han causado polémica en el país suramericano por haberse realizado fuera del Palacio Presidencial y presuntamente para acordar beneficios en contrataciones públicas.

De acuerdo con la institución, esas reuniones «se habrían realizado con la presunta finalidad de que este [Castillo] intercediera para que el consorcio Puente Tarata III —al que vinculan a López— gane la buena pro de una obra«.

Algunas de las reuniones que se mencionan en la denuncia se realizaron en el inmueble ubicado en el pasaje Sarratea 179, en el distrito de Breña, departamento de Lima, dice el texto.

La Procuraduría detalla, además, que en el escrito presentado por Soria ante la Fiscalía se señalan una varios hechos por los cuales «existen sospechas de que el presidente de la República también se encontraría inmerso en la conducta de tráfico de influencias«, caso que investiga el Segundo Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa de Lima, en el que estaría involucrado el exsecretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco Castillo.

La denuncia fue presentada apenas horas después de que la Fiscalía Anticorrupción allanara las viviendas de López y Pacheco, en el marco de las investigaciones.

En su denuncia, Soria solicita a la Fiscalía que una vez abierta la investigación no la suspenda, argumentando que el artículo 117 de la Constitución no prohíbe que un presidente de la República en funciones sea investigado.

Castillo ya se ha defendido. El mandatario peruano rechazó haber participado de encuentros «que hayan favorecido a intereses particulares». «Las reuniones oficiales únicamente se realizan en Palacio de Gobierno, en mi domicilio solo he recibido visitas de carácter personal«, manifestó.