El Tribunal de la UE declara que la ley española discrimina a las empleadas de hogar al no permitirles cobrar el paro

El Tribunal de la UE declara que la ley española discrimina a las empleadas de hogar al no permitirles cobrar el paro

España tendrá que cambiar la ley para permitir que las empleadas de hogar puedan cotizar para recibir la prestación por desempleo. Así se desprende de la sentencia dictada este jueves por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que concluye que la normativa española colisiona con la directiva europea sobre igualdad. En esos casos, es la norma europea la que prevalece.

Según la informado el TJUE, el choque se produce debido a que la regulación española «excluye las prestaciones por desempleo de las prestaciones de seguridad social concedidas a los empleados de hogar», lo que supone que «se sitúa a las trabajadoras en desventaja particular con respecto a los trabajadores«. Y esa diferenciación con otros trabajadores «no está justificada por factores objetivos y ajenos a cualquier discriminación por razón de sexo».

La sentencia responde al caso de una empleada de hogar que en 2019 pidió a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) cotizar para tener cobertura de desempleo. Se le denegó porque la ley expcluye esa posibilidad. La trabajadora recurrió y el juez de lo contencioso-administrativo de Vigo en el que recayó el asunto lo elevó al Tribunal de la UE, para que determinara si se estaba produciendo una discriminación.

Los magistrados, que siguen en su resolución el criterio que ya marcó el abogado general de la UE, indican que en la normativa comunitaria constituye «una discriminación indirecta por razón de sexo» una situación en que «una disposición aparentemente neutra» sitúa a personas de un sexo determinado en desventaja respecto al otro sexo, salvo que haya una justificación objetiva y proporcionada, lo que considera que no es el caso.

Destaca que en términos generales los trabajadores por cuenta ajena están equilibrados entre hombres y mujeres. Pero esta proporción cambia en los empleados de hogar, donde más del 95 % son mujeres. Eso supone que «la proporción de trabajadoras por cuenta ajena a la que afecta la diferencia de trato» para empleados de hogar «es significativamente mayor» que la de trabajadores por cuenta ajena.

«En consecuencia, la normativa nacional perjudicaría especialmente a las trabajadoras y entrañaría por tanto una discriminación indirecta por razón de sexo contraria a la Directiva, a menos que responda a un objetivo legítimo de política social y sea adecuada y necesaria para alcanzar dicho objetivo».

El tribunal desestima las alegaciones del Gobierno español, que presentaba esa peculiaridad de las empleadas de hogar como una manera de luchar contra el fraude a la seguridad Social, el trabajo en negro y las altas tasas de desempleo. Los magistrados responden que hay otros sectores susceptibles de fraude a los que no se aplica la misma restricción.

«Los objetivos mencionados» por el Gobierno español «son legítimos» desde el punto de vista de la política social, pero la normativa aprobada al respecto «no parece adecuada para alcanzarlos, puesto que no parece aplicarse de manera coherente y sistemática a la luz de dichos objetivos».

Finalmente el Tribunal de la UE cree que la ley española va «más allá» de lo necesario para los objetivos que busca, ya que la falta de derecho a la cobertura por desempleo conlleva la reducción de otras ayudas que van anudadas al paro. «Esta exclusión entraña una mayor desprotección social de los empleados de hogar, que se traduce en una situación de desamparo social«, concluyen.