Por Iván Acosta
Hola, ¿qué tal?
El Ministerio Público interrogó a un testigo clave y víctima de la tragedia en la discoteca Jet Set, quien presuntamente entregó evidencia que demostraría no solo la responsabilidad civil, sino también penal de los propietarios del establecimiento.
Gregory Adamés, quien era empleado del local, acudió a la Procuraduría General de la República acompañado de sus abogados, Luis Andrés Aybar y Plinio Pina. Allí fue interrogado por fiscales de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, que dirige Wilson Camacho.
Además, Adamés presentó una querella con constitución en actor civil contra Antonio Espaillat López, su madre Ana Grecia López, y la empresa Inversiones E y L y Club Jet Set.
Entre las pruebas depositadas se encuentra un teléfono con videos y conversaciones entre Gregory y Antonio Espaillat, en las que le advertía que la fiesta del pasado 8 de abril de 2025 no debía realizarse, ya que el techo corría riesgo de desplomarse.
A pesar de la advertencia de Gregory de que el techo se estaba cayendo y que no existían condiciones adecuadas para el evento, Espaillat habría ordenado continuar con la celebración, que sería amenizada por el merenguero Rubby Pérez, quien falleció en la tragedia junto a unas 235 personas.
Gregory, quien también resultó herido junto a otras 180 personas, era el encargado de reservar las mesas y coordinar la logística de los eventos.
Este martes, las acciones legales presentadas en la Fiscalía del Distrito Nacional contra los propietarios de la discoteca Jet Set ascendieron a 68, incluyendo querellas y denuncias.
Algunas de estas acciones también involucran al Estado dominicano y a la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN), por el presunto incumplimiento de sus obligaciones legales en materia de seguridad y supervisión de dichos establecimientos.
Estas querellas y denuncias incluyen cargos de homicidio involuntario y negligencia, señalando posibles problemas estructurales y la presencia de equipos pesados en el techo como factores que contribuyeron al colapso.
Los denunciantes sostienen que el Ministerio Público tiene la obligación de iniciar acción penal contra Espaillat, comenzando por su interrogatorio, a fin de realizar una investigación objetiva. Argumentan que esto es crucial para evitar un mayor descrédito del sistema de justicia.
Aducen que, hasta la fecha, el Ministerio Público no ha entrevistado ni interrogado a Espaillat, y mucho menos ha iniciado una acción penal en su contra.
HASTA LA PRÓXIMA, AMIGO
