Eternamente nómadas: quiénes son y cómo viven los trabajadores ‘golondrinas’ de Argentina

Eternamente nómadas: quiénes son y cómo viven los trabajadores ‘golondrinas’ de Argentina

El despertador de Alfredo Zambrano suena a las 3:30 de la madrugada, y no hay tiempo que perder. A las cuatro, tiene que estar en una finca de Perico, una pequeña ciudad tabacalera ubicada en la provincia de Jujuy. Allí trabajará hasta las 12 del mediodía recolectando hojas bajo el sol penetrante del norte argentino, llenando fardos —canastos— que cambiará con sus patrones por unos 45 pesos cada uno. En promedio, llenar cada recipiente le tomará entre 10 y 15 minutos, dependiendo de si las hojas de tabaco están verdes o más maduras.

En los cultivos de Perico, las palabras «salario», «aguinaldo», «feriado», «antigüedad» y «vacaciones», no existen: «Pagan lo que hacés en el día, nada más», dice el campesino. Obviamente, enfermarse no es una opción. Si Zambrano está entusiasmado y tiene una buena jornada, puede sacar entre 2.500 y 3.000 pesos (25 y 30 dólares, respectivamente), cifras que su esposa e hijos no despreciarán.

Cuando termine la temporada de cosecha, deberá marcharse del pueblo, ofreciendo lo único que tiene: su mano de obra. Es que, para que el circuito siga funcionando, este peón rural de 44 años ya tiene armado un recorrido por distintas jurisdicciones, para estar ocupado todo el año, bajo una práctica adoptada por miles de personas en el país sudamericano. Es, lo que se llama, un trabajador ‘golondrina’.

Alfredo empieza el año en Perico, donde vive, y en febrero se muda a la pequeña ciudad de Cerrillos, provincia de Salta, para continuar con el tabaco. Entre marzo y abril se va al departamento de Ledesma, donde está la compañía del mismo nombre, para juntar limones y otros cítricos. En junio, empieza la época de la valencia, un tipo de naranja que se exporta a Europa. Allí sigue hasta septiembre u octubre, y luego regresa a Perico para recomenzar el ciclo, cuando se reinicia la temporada tabacalera. Pero, nadie se acostumbra a esto: «Me llevo mal con esta vida. Tengo que irme, dejar la familia, separarme. Lo único que hago, es trabajar», comenta.

En Ledesma la situación de precariedad disminuye tan solo un poco. Esa gigante de los alimentos al menos le da los viáticos y un aguinaldo, pero lo quita del sistema en los meses que no trabaja. Con la promesa de garantizar su fuente laboral cuando se retome la cosecha, durante su ausencia la empresa no le paga los aportes al Estado, algo que impactará negativamente el día en que Zambrano decida retirarse y pase a ser un pensionado.

A esta firma, implicada en el ‘apagón de Ledesma’ —secuestro de 400 personas durante un corte intencional del suministro eléctrico bajo la última dictadura— van a trabajar cientos de obreros norteños. Alfredo y los suyos son trasladados en colectivos a un campamento, y cada uno lleva su propio colchón. Ahí reciben una pieza modesta, con techo y puerta de chapa, donde van a dormir contando las noches que faltan para volver a casa.

Pueblos semi vacíos

El departamento de Ledesma es estratégico. Muchas ‘golondrinas’ inician ahí todo el recorrido, por su ubicación geográfica y por la extensión de la temporada de cítricos —seis meses—, una de las más duraderas. Cuando hay actividad, en los pueblos y pequeñas ciudades de la zona se nota el movimiento. Pero cuando termina la cosecha, «todo queda más vacío», describe Benjamín Ramírez, secretario zonal de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE).

Allí, de los 1.872 campesinos temporarios, la mitad emigra a otras provincias de modo frecuente, dejando a hijos sin padres y esposas sin maridos. Previo a la pandemia, algunos se las ingeniaban para movilizar a toda su familia, en una complicada logística.

Ramírez, si algo sabe, es de cítricos. Antes de ser dirigente sindical, estuvo ocho años juntando limones, naranjas y pomelos, pero también rebotaba de pueblo en pueblo, incluso buscando hortalizas. Casi de forma divina, un día fue seleccionado por la patronal de Ledesma para pasar al sector de cultivos, eliminando la necesidad de mudarse. «De 2.500 trabajadores, solo eligen a unos 100», comenta.

En esa tarea se desempeñó tan bien, que los jefes le dijeron que se quedara de forma fija, haciendo tareas de poda, riego y todo el cuidado de las plantas. De allí, como si fuera un premio, los supervisores lo escogieron para trabajar en el área de empaquetado: «Supuestamente era un poco mejor, por no estar expuesto al sol», cuenta. Sin embargo, allí también notó varias irregularidades en las condiciones de trabajo.  

Haber pasado por diferentes puestos le valió hacerse conocido entre sus compañeros, hasta poder representarlos en el gremio, un sindicato que ya se caracterizaba por hacer poco y nada contra el trabajo esclavo, entre otros flagelos del campo argentino. Además, le sirvió para identificar típicos artilugios patronales: «Juntando limones, los campesinos hacen 45 canastos por día, a 1.750 pesos (17 dólares). Ellos dicen que cada uno pesa 18 kilos, pero hay maletas que pesan 19 o 20, y el trabajador no va con una balanza. Ahí es cuando se beneficia la empresa. En una jornada, por 100 o 1.000 obreros, imagínate cuántas toneladas [gratis] se van juntando».

Como sindicalista, también identificó situaciones de trabajo infantil, otro clásico del sector. Es que, para conseguir un dinero medianamente digno, varios campesinos llevan a sus familiares a la finca, sumando más manos para recolectar: «Un trabajador, ponele, en la cosecha de zapallito, para ganar dos o tres jornales lleva a la mujer y sus tres hijos, algunos siendo menores», cuenta. Pero, cuando los gremialistas reclaman, la respuesta de los dueños de terrenos hace pensar que en el norte rige otra ley: «Depende de él, si quiere hacer más, llevar a su familia», contestan. Así es el trabajo a destajo.

Los varados del campo

En varios tramos de la pandemia, los medios de comunicación pusieron su atención en los turistas y viajeros en general que no podían regresar al país sudamericano por las medidas sanitarias, en medio de un cierre fronterizo. Pero, puertas adentro, casi nadie puso el ojo en las miles de ‘golondrinas’ que se quedaron atrapadas en tierras lejanas a sus familias, con malas condiciones de vivienda, sin trabajo y en una delicada situación económica, gastándose lo poco que habían ganado.

Aunque la cantidad de campesinos varados en tierras rurales no se conocía con exactitud, en los momentos más duros de la cuarentena obligatoria algunos enviaban mensajes de auxilio en las redes sociales: «Gobernador, ponga la mano en su corazón», rogaba en abril del 2020 un hombre que había partido desde Jujuy hasta la lejana provincia de Mendoza —conocida por sus uvas—, y allí se había quedado. En su video, donde pedía ayuda estatal para poder regresar, se ve una habitación deteriorada, con al menos tres colchones en el piso.

Igualmente, quedarse varados no es un fenómeno exclusivo de la emergencia sanitaria. Muchas veces los patrones incumplen su promesa de pagar boletos de regreso y los ruralistas se las deben ingeniar para atravesar varias provincias hasta llegar a su hogar. Otras, los campesinos no encuentran trabajo al llegar a destino y deben aguardar hasta que surja una oportunidad, o buscar la forma de irse hacia otro territorio. Es que, muchas ‘golondrinas’ viajan sin la certeza de tener un puesto garantizado en el campo, porque peor es quedarse parado.  

¿Cuántos son?

Elena Mingo, socióloga e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), le dice a RT que el Estado tiene «dificultades de relevamiento» para calcular cuántas personas hay en esta situación a nivel nacional. Sin embargo, con los datos disponibles, estima que son unos 350.000 campesinos los que giran cada año por Argentina bajo esta modalidad.

Aunque por sus características informales hay pocos reportes, algunas publicaciones permiten conocer más sobre este sector de la economía. En 2013, el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA) lanzó una encuesta en Santiago del Estero, una provincia con muchos campesinos. De los 1.870 nómadas consultados, un 12 % respondió que al momento de ser contratado ni sabía cuál sería su destino, demostrando el desconocimiento de sus derechos laborales. Peor aún, el 24 % desconocía la tarea concreta que iba a realizar.

Por lo general, la gran mayoría de las golondrinas santiagueñas se dirige a Buenos Aires, Catamarca y Entre Ríos, hacia campos de maíz y arándanos, en menor medida. De los encuestados, más de la mitad fue reclutada por un ‘cabecilla’, quien se encarga de seleccionar al personal, y un 36 % por un productor o capataz: «El cabecilla suele trabajar a la par de los peones que él mismo convocó, pero a diferencia de estos percibe una bonificación según el desempeño productivo. El capataz, por el contrario, es quien supervisa el trabajo de las cuadrillas», explica la publicación. Se estima que unas 40.000 ‘golondrinas’ parten de Santiago del Estero todos los años.

En este rubro, las condiciones de trabajo empeoran a la par de las crisis económicas que atraviesa el país. Académicos de la Universidad Nacional de aquella provincia ya señalaron que entre la ola neoliberal de los 90 y el estallido social que duró hasta el 2002, creció el desempleo y el trabajo informal, fomentando la precarización agraria. Un contexto similar se vive en la actualidad, con al menos cinco años de retroceso económico, exponenciado por el coronavirus. Al respecto, las implicancias en el campo todavía deben ser estudiadas. 

La ‘golondrina’ que desapareció después de reclamar

Los nómadas también tienen su mártir: Daniel Solano, un joven guaraní oriundo de la ciudad de Tartagal, Salta, que como muchos norteños de origen indígena, estaba trabajando en el sur. Había viajado a Choele Choel, provincia de Río Negro, a pedido de la empresa Agrocosecha. Se trataba de una tercerización, bajo el ala de la multinacional Expofrut Argentina, que por aquel entonces era líder en exportaciones, pero igual hacía contrataciones indirectas.

Solano era de los pocos campesinos, o tal vez el único, que había terminado el colegio secundario. Y cuando se le entregó su recibo de sueldo, notó las primeras inconsistencias: le habían liquidado mal el salario. Es decir, en ese documento Agrocosecha habría puesto que trabajó solo cinco jornadas, aunque en verdad habían sido 20, posiblemente quedándose con la diferencia del dinero proveniente de Expofrut. Más adelante, se denunció que esta práctica era extendida hacia todo el personal.

Así, Daniel cometió la osadía de reclamar en las oficinas de Agrocosecha, siendo una excepción a la regla general, e incluso incentivó a otros compañeros a hacer lo mismo. Luego de alzar la voz, el ruralista se estaba divirtiendo en un bar llamado Macuba, en la madrugada del 5 de noviembre del 2011, hasta que la Policía irrumpió en el lugar y se lo llevó detenido por la fuerza. Nunca más se supo de él.

Al comienzo del caso se quiso instalar la idea de que el aborigen, presuntamente excedido en ebriedad, habría molestado a una chica, pero sus familiares, amigos y abogados querellantes están seguros de que fue una represalia empresarial, en complicidad con funcionarios estatales y judiciales. Ahora, a diez años de este caso emblemático, los siete efectivos implicados —todos condenados a cadena perpetua en 2018— permanecen libres, mientras el caso es revisado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En el documental ‘¿Dónde está Daniel Solano?: diario de una causa’, se exponen todas las trabas que hubo en la investigación, pero también aparecen imágenes de los galpones de Expofrut donde son alojados las ‘golondrinas’, en condiciones deplorables. El registro fílmico fue tomado en 2013 por un obrero proveniente de Orán, Salta, quien muestra los deteriorados espacios del lugar: «Cuatro baños», dice, para casi 100 personas.

Leandro Lutzky 

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