Por Iván Acosta
Hola, ¿qué tal?
Una coalición de 20 fiscales generales presentó una demanda contra el gobierno de Donald Trump por exigir que los estados entreguen información personal de los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), conocido como “cupones para alimentos”.
La demanda, presentada en California, acusa al gobierno de usar estos datos como una herramienta para perseguir inmigrantes, violando leyes de privacidad y erosionando la confianza entre el gobierno federal y los ciudadanos.
La solicitud, emitida por el Departamento de Agricultura, exige que se entreguen los nombres de los miembros de la familia, fechas de nacimiento, números de seguro social y direcciones de domicilio de los beneficiarios de SNAP en los últimos cinco años.
La coalición, que incluye a fiscales de Nueva York, Michigan y California, argumenta que esta medida carece de fundamento en la lucha contra el fraude, ya que SNAP presenta tasas de fraude extremadamente bajas.
El fiscal general de California, Rob Bonta, calificó la exigencia como “sin precedentes” y advirtió que esta violación de la privacidad socava la confianza pública en los servicios gubernamentales. Además, señaló que el Departamento de Agricultura ha utilizado anteriormente estrictos controles de calidad sin necesidad de recurrir a una recolección masiva de datos personales.
La demanda se presenta justo antes de que venza el plazo impuesto por el Departamento de Agricultura para que los estados entreguen los datos solicitados. La agencia también advirtió que aquellos que ignoren la solicitud podrían enfrentar la retención de fondos federales.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, subrayó que el programa SNAP ayuda a 2.9 millones de personas en su estado, muchas de ellas familias con niños, personas mayores o con discapacidades. Según James, la administración Trump está utilizando este programa de asistencia como parte de una “persecución cruel” contra inmigrantes indocumentados.
Los fiscales también advirtieron que la solicitud de datos podría generar un efecto disuasivo, haciendo que las personas elegibles para el programa se sientan amenazadas y se abstengan de solicitar la ayuda que necesitan. Otros estados involucrados en la demanda incluyen Kentucky, Arizona, Colorado, Illinois, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nueva Jersey, Oregón, Rhode Island, Washington y Wisconsin.
La acción marca un nuevo capítulo en la batalla legal sobre el uso de datos personales en políticas migratorias, con implicaciones significativas para millones de personas de bajos ingresos que dependen de SNAP para acceder a alimentos básicos.
Hasta la próxima, amigo.
