Por Iván Acosta
Hola, ¿qué tal?
En Florida, el robo menor puede conllevar hasta un año de prisión y una multa de 1.000 dólares para la mayoría de las personas. Sin embargo, para un inmigrante que se encuentra en el estado de manera ilegal, ese mismo delito ahora es considerado una felonía, castigada con hasta cinco años de prisión y una multa de 5.000 dólares.
Las nuevas leyes en Florida surgen en un momento en que el presidente Donald Trump intensifica su lucha contra la inmigración irregular. Estas medidas imponen penas más severas para los delitos cometidos por personas sin estatus legal en el país en comparación con el resto de la población.
Las consecuencias son especialmente duras para delitos graves como el asesinato en primer grado, que ahora conlleva una pena de muerte automática si el perpetrador se encuentra ilegalmente en Estados Unidos.
Aunque Florida ha sido el estado más agresivo en esta política, otros estados también están considerando medidas similares para endurecer las penas basadas en el estatus migratorio.
Un modelo para otros estados
El gobernador republicano Ron DeSantis ha defendido estas medidas, asegurando que “Florida será más segura y protegida” y que servirá como un modelo a seguir para el resto del país en materia de inmigración.
El congresista estatal republicano Lawrence McClure explicó que el propósito de la ley es disuadir a los inmigrantes de ingresar al estado sin autorización. “No vengas a Florida de manera ilegal”, enfatizó.
Sin embargo, la legislación ha generado preocupación entre defensores de derechos civiles y expertos legales, quienes advierten que estas medidas podrían violar la Constitución de EE.UU.
Controversia constitucional
El profesor de Derecho César Cuauhtémoc García Hernández, de la Universidad Estatal de Ohio, señaló que la ley podría entrar en conflicto con la garantía constitucional de igualdad de protección bajo la 14ª Enmienda.
Por su parte, Kara Gross, directora legislativa de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Florida, recordó que la Corte Suprema dictaminó en 1976 que las penas de muerte obligatorias violaban la prohibición de castigos crueles e inusuales.
No obstante, la nueva legislación de Florida elimina la discrecionalidad judicial en ciertos casos y establece la pena de muerte obligatoria para inmigrantes ilegales condenados por delitos capitales como el asesinato en primer grado o la violación de un menor.
El senador estatal republicano Randy Fine admitió que la ley probablemente enfrentará desafíos legales, pero confía en que la Corte Suprema reconsidere su postura. “Han pasado casi 50 años. La Corte Suprema cambia de opinión sobre muchas cosas”, afirmó.
Aumento en las penas para inmigrantes ilegales
El año pasado, el gobernador DeSantis firmó una ley que aumentó las penas para quienes cometan delitos graves en Florida tras haber sido deportados y condenados por reingreso ilegal. La nueva legislación amplía esas penas a cualquier persona en EE.UU. sin autorización legal, independientemente de condenas previas, y extiende las sanciones incluso a delitos menores.
Si la ley es impugnada en los tribunales, García Hernández cree que se comparará con un fallo de la Corte Suprema de 1982, que determinó que Texas no pudo justificar la exclusión de niños inmigrantes ilegales de la educación pública financiada por el estado.
En este caso, Florida tendrá que demostrar que existe una justificación convincente para tratar de manera diferente a los acusados de un mismo delito únicamente por su estatus migratorio.
Otros estados podrían seguir el ejemplo
Actualmente, varios estados —incluyendo Alabama, Idaho, Indiana, Minnesota, Carolina del Sur y Texas— están considerando leyes similares para aumentar las penas a inmigrantes ilegales que cometan delitos.
En Texas, el senador estatal Pete Flores ha impulsado un proyecto de ley para elevar la clasificación de delitos graves cometidos por inmigrantes ilegales. “Es una respuesta sensata y firme para hacer cumplir el Estado de derecho y proteger mejor a los texanos”, afirmó Flores.
En Utah, la legislación propuesta busca endurecer penas específicamente para delitos como el robo y el narcotráfico. Además, impone sentencias obligatorias de prisión sin posibilidad de libertad anticipada para reincidentes y personas deportadas previamente.
El senador estatal republicano Cal Musselman explicó que la ley está dirigida a un grupo reducido de individuos. Según autoridades locales, existe “una conexión clara entre la reincidencia delictiva y la reentrada ilegal al país”.
Conclusión
El endurecimiento de las penas en Florida y otros estados refleja un cambio en la política migratoria de EE.UU., alineado con la postura más estricta de la administración Trump. Sin embargo, las nuevas leyes podrían enfrentar desafíos en los tribunales, con debates sobre su constitucionalidad y su impacto en los derechos civiles.
Hasta la próxima, amigos.
