Por Iván Acosta
Hola, ¿qué tal?
El Gobierno del presidente Donald Trump busca eliminar un acuerdo judicial alcanzado hace más de 25 años, que obliga a las autoridades a ofrecer protecciones a los menores migrantes bajo custodia federal.
Con un recurso presentado ayer ante un tribunal en California, la administración republicana solicita que se elimine «por completo» el llamado Acuerdo Flores, que desde 1997 establece normas mínimas para el trato de menores migrantes.
Dicho acuerdo garantiza, entre otras cosas, el acceso a servicios de salud y educación, la permanencia en instalaciones con licencia para el cuidado de menores y la liberación rápida a un familiar o representante legal.
Este pacto legal también ha permitido a los abogados defensores de inmigrantes exponer los retos que enfrentan los menores bajo custodia federal, incluidos aquellos que ingresan a EE. UU. acompañados de un familiar o tutor legal.
En el documento presentado, el Gobierno de Trump argumenta que el acuerdo impide implementar sus políticas migratorias y que impone la voluntad del poder judicial por encima del Ejecutivo.
En concreto, los abogados gubernamentales culpan al Acuerdo Flores de haber «cambiado el panorama migratorio», al eliminar ciertos factores que disuadían a las familias de ingresar de manera irregular a Estados Unidos.
Asimismo, afirman que las condiciones en los centros de detención para migrantes han mejorado «sustancialmente» desde la firma del acuerdo.
Esta es la segunda vez que Trump intenta levantar las protecciones para los menores migrantes: un intento previo durante su primer mandato (2017–2021) fue bloqueado por un tribunal de apelaciones.
Una solicitud similar fue hecha por la administración de Barack Obama (2009–2017), tras el aumento de menores no acompañados que ingresaron al país en 2014.
El acuerdo lleva el nombre de Jenny Flores, una menor de 15 años que huyó de la guerra civil en El Salvador. Tras cruzar la frontera en 1985, enfrentó un trato severo por parte de las autoridades migratorias, que incluyó un registro al desnudo y su detención en un centro juvenil durante meses, sin acceso a educación, recreación ni otros apoyos mientras esperaba la deportación.
La expulsión fue evitada gracias a una demanda interpuesta por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y otras organizaciones, dando inicio a un litigio que terminó protegiendo a todos los menores migrantes mediante el histórico acuerdo.
HASTA LA PRÓXIMA, AMIGOS
