Las autoridades de Estados Unidos deportarán a un exsacerdote católico de la Arquidiócesis de Baltimore, Maryland (EE. UU.) después de que admitiera que había abusado sexualmente de una menor en 2003 y presuntamente mintiera en sus solicitudes para residencia y ciudadanía en 2007 y 2013, respectivamente.
Jorge Antonio Vélez López, de 69 años, fue sentenciado el pasado 28 de febrero a un año de prisión por fraude de pasaporte después de que una investigación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) arrojara que fue condenado en 2021 por el delito, que admitió haber cometido durante seis años
- Vélez, de origen colombiano y actualmente encarcelado, también fue despojado civilmente de la ciudadanía estadounidense.
Entre el momento del abuso y la fecha en que se presentaron los cargos, Vélez López se convirtió en ciudadano estadounidense para lo cual juró no haber cometido delitos, razón por la que ahora enfrenta la deportación.
La investigación contra Vélez López se enmarca en «una iniciativa nacional en curso diseñada para identificar y enjuiciar a abusadores de menores y otros delincuentes flagrantes que obtuvieron fraudulentamente la ciudadanía estadounidense», explica el ICE en una nota de prensa.
Arresto por abuso sexual
Vélez López fue arrestado el 19 de febrero de 2020 por las autoridades locales del condado de Howard, Maryland, y acusado de cinco cargos de delito sexual de tercer grado y un cargo de delito sexual de cuarto grado por haber abusado de una menor de edad mientras era sacerdote en una parroquia de Laurel.
Aunque el abuso ocurrió entre 2003 y 2009, la víctima presentó la denuncia en 2016 y no fue hasta febrero de 2020 que el hombre fue acusado, cuando ya había sido trasladado a la Arquidiócesis de Alejandría, Luisiana, según destacan medios estadounidenses.
Vélez López se declaró culpable el 14 de mayo de 2021 de abuso sexual de la menor a quien supervisaba temporalmente y fue condenado a nueve años de prisión y a cadena perpetua como delincuente sexual, señaló el ICE.
- Vélez López confesó haber abusado sexualmente de la víctima desde junio de 2003 hasta junio de 2009 mientras se desempeñaba como sacerdote de la víctima.
Un medio de Baltimore asegura que Vélez-López admitió haber dejado embarazada a la víctima adolescente en 2010.
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Delito de ciudadanía
En la nota, el ICE señala que Vélez López ingresó en 2003 a territorio estadounidense como «trabajador religioso temporal» y cuatro años después, el 06 de noviembre de 2007, fue favorecido con la residencia permanente después de jurar bajo pena de perjurio que «nunca había cometido, a sabiendas, ningún delito que afectara la moral».
El hombre, según la agencia, solicitó la naturalización, declarando que no había cometido un delito por el que mereciera un arresto, que nunca había dado información falsa o engañosa a ningún funcionario del gobierno mientras solicitaba un beneficio de inmigración y que nunca había mentido a ningún funcionario para obtener entrada o admisión al país.
Vélez López acudió a su entrevista con un funcionario del Servicio de Ciudadanía e Inmigración y respondió a las mismas preguntas bajo juramento y pena de perjurio, ganando la ciudadanía el 29 de mayo de 2013.
En septiembre de ese mismo año, el colombiano solicitó su pasaporte estadounidense y volvió a declarar «bajo pena de perjurio que no había incluido ningún documento falso en apoyo de la solicitud», agrega el ICE.
“Los abusadores de menores como Vélez, que mintieron sobre sus delitos para obtener la ciudadanía, pensaron que podían esconderse tras quienes se ganaron lo que robaron”, dijo Scott Ladwig, director interino de la Oficina de Campo de Operaciones de Detención y Deportación del ICE en Nueva Orleans.
“Pensaron que el ICE tendría que revisar miles de registros para encontrarlos. Tenían razón. Eso fue exactamente lo que hicimos. El ICE y nuestros socios defenderán incansablemente la integridad del proceso de naturalización de nuestra nación”, subrayó Ladwig.
De acuerdo con la agencia, la investigación de este tipo ha logrado presentar casos penales y civiles contra personas condenadas por asesinato, violación en serie, abuso de menores, incesto, sodomía, pornografía infantil, secuestro, tráfico sexual, narcotráfico, lavado de dinero, fraude fiscal, fraude en farmacias, malversación de fondos, robo de identidad y maltrato a mayores.
