Dos funcionarios de Puerto Rico, el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, y la directora de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA), Gabriella Boffelli, negaron este viernes la existencia de un borrador para otorgar la independencia a la isla.
El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, supuestamente estaría circulando una orden ejecutiva para conceder la independencia y alegadamente ahorrar 617,800 millones de dólares a los contribuyentes estadounidenses, según informó el diario británico ‘Daily Mail’.
«No existe evidencia alguna que respalde estos alegatos. Cualquier insinuación sobre un plan secreto para forzar la independencia de Puerto Rico es completamente falsa y solo busca desinformar y desviar la atención del verdadero problema: nuestro estatus», afirmó Boffelli en un comunicado.
De acuerdo a la información reportada, el borrador de siete páginas habría sido redactado por una oficina congresional y líderes de movimientos separatistas en Puerto Rico, y no por la Casa Blanca.
Asimismo, el documento precisaría que el Gobierno de EE.UU. concedería un periodo de 21 meses para terminar la ciudadanía por nacimiento a los puertorriqueños.
Según la directora de la PRFAA, estos rumores surgen tras la exitosa celebración de la primera Cumbre de la Igualdad y la Estadidad celebrada durante esta semana.
Por su parte, Hernández también negó que existiera ese documento e hizo un llamado a la calma.
“La noticia sobre la supuesta orden ejecutiva para la independencia de Puerto Rico no tiene ninguna credibilidad”, aseveró en su cuenta de Facebook el comisionado residente en Washington.
“No hay ningún tipo de iniciativa o acción de la Casa Blanca para independizar a Puerto Rico. Primero, no lo puede haber, porque bajo la Constitución de Estados Unidos, quien único puede darle la independencia a Puerto Rico es el Congreso”, agregó.
El Estado Libre Asociado, establecido en 1952, da a Puerto Rico cierto grado de autonomía y un Gobierno y Parlamento locales, pero deja bajo el control de EE.UU. áreas como defensa, fronteras y relaciones diplomáticas.
Puerto Rico realizó en noviembre una consulta no vinculante sobre el estatus político de la isla que reflejó una preferencia por la ‘estadidad’ (anexión a Estados Unidos) pero con un fuerte repunte de la opción de la independencia, debido al descontento con la relación con Washington y a una mayor conciencia política de la población.
El 56.82 % de los votantes eligió la ‘estadidad’, mientras que el resto optó por las opciones de soberanía en libre asociación e independencia.
Por otro lado, en las elecciones generales de noviembre obtuvo la victoria la gobernadora, Jenniffer González del Partido Nuevo Progresista (PNP), que apoya la estadidad y esta semana hizo campaña en Washington para que la isla se convierta en un estado de Estados Unidos, pese al poco interés mostrado al respecto por la Administración de Donald Trump.
