La Administración mejora respecto a 2020, pero continúa pagando más de un mes tarde

La Administración mejora respecto a 2020, pero continúa pagando más de un mes tarde

Tanto Administración como empresas privadas mejoraron en sus plazos de pago a lo largo de 2021, aunque, en general, ambas están aún muy lejos de cumplir con los plazos establecidos por la ley 15/2010, según el último Informe sobre Morosidad publicado por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM). La organización insiste en la necesidad de establecer un régimen sancionador y advierte que, de no hacerlo, podría llegar a romperse la cadena de pagos.

El informe recoge que entre 2020 y 2021 el plazo medio de pagó se redujo en 16 días en el sector público (de 77 a 61) y en cinco días en el sector privado (de 77 a 72). La tendencia, por lo tanto, es positiva, pero aún sitúa la media de los pagos fuera de los plazos legales, que son de 30 días para las administraciones públicas y 60 para las empresas. Es decir, los primeros pagarían con un mes de retraso y los segundos, casi dos semanas más tarde de lo establecido.

Antoni Cañete, presidente de la PMcM, explicó que esta mejora tiene mucho que ver con las medidas que se tomaron el año pasado, como fueron los créditos ICO o los fondos de liquidez para las Comunidades Autónomas. Durante la presentación del informe celebró el dato y unas medidas que, si bien fueron puntuales, ayudaron. También recordó la necesidad de que las administraciones den ejemplo en este sentido.

Por contra, Cañete también avisó de que las pymes tienen una capacidad limitada para obtener financiación externa, en parte por las deudas adquiridas con el ICO. Esto podría conllevar la ruptura de cadenas de pago y, en ese caso, «el desastre que podemos tener es importante«. En este sentido, recordó que hay cerca de medio millón de empresas en riesgo de quiebra precisamente por el retraso en los pagos.

Además, el 27% de los encuestados considera que la situación actual de plazo de cobro puede llegar a comprometer la viabilidad de su negocio. «Es un dato preocupante», lamentó Cañete, que recuerda que ya ocurrió algo parecido durante la crisis anterior.

También se destaca en el informe que, por mucho que mejore la situación, permanece un halo de pesimismo sobre los empresarios, ya que un 78% no cree que su expectativa de plazo de cobro mejore en 2022. En cualquier caso, el porcentaje de impagos respecto al total de facturación -es decir, la ratio de morosidad- bajó en 2021 a un 4,8% respecto al 5,4% de 2020.

A la hora de señalar a los peores pagadores públicos, el dedo acusador apunta principalmente a la Administración Local, que casi la mitad de los encuestados (un 48%) consideran como la que más tarda en pagar. Le sigue la Administración Regional, que recibe el 33% de las respuestas y sólo el 19% de los encuestados carga contra la Central. A pesar de ello, sólo el 19% de quienes responden consideran que la Administración paga dentro del plazo.

Los pasos dados en dirección a una solución a este problema no convencen a la PMcM. El Plan de pago a proveedores, argumentan, sólo pagará facturas contabilizadas antes del 1 de julio de 2021. Es decir, tendrán una antigüedad de al menos 253 días, por lo que creen que se trata de una medida que únicamente busca reducir el plazo medio de pago, que en septiembre de 2021 era de 59,77 días para los ayuntamientos.

Mientras, en el sector privado se da la paradoja de que quien peor paga es, precisamente, quien menos problemas debería tener para hacerlo: las grandes empresas. El 61% de los encuestados asegura que el cliente que más tarda en realizar el pago son las compañías con facturación superior a los 50 millones de euros. Sólo el 20% de los encuestados asegura que pagan dentro del plazo legal (es decir, 60 días) y un 42% responde que lo hacen muy por encima de éste (es decir, 90 días o más).

En las pymes, el 49% asegura que pagan dentro del plazo y un 45% apunta que lo hacen algo por encima. Tan solo el 5% considera que lo hacen muy por encima del plazo.

El informe refleja también que, por mucho que la ley establezca pagos a 30 y 60 días, dos de cada tres proveedores cerraron acuerdos comerciales con clientes -públicos y privados- que imponían plazos superiores a lo permitido. «El 66% de los contratos incumple de manera flagrante la ley», resumió Cañete.

A esto se suma que, si bien la mayoría de los encuestados conoce los mecanismos de pago de intereses, la gran mayoría (83%) nunca o casi nunca exige que se abonen. Lo mismo ocurre con la indemnización legal de 40 euros por costes de recobro, que deja pasar el 92% de los encuestados. En opinión de Cañete, se debe principalmente al miedo a perder al cliente en caso de solicitar este pago.

Asimismo, el presidente de la PMcM también recordó la importancia de realizar enmiendas a la Ley Crea y Crece -la conocida como Ley de Startups- para mejorar los plazos de pago. Según explica, se eliminó la posibilidad de rescindir un contrato de licitación pública en pleno proceso en caso de no estar pagándose en plazo a los proveedores subcontratistas y debería volver a la ley. «Sin ella, la nueva normativa no mejorará la morosidad», advierte, a pesar de que sí recoja la implementación de medidas como un observatorio o la facturación electrónica.

«Hasta que no tengamos un régimen sancionador no vamos a tener la garantía de que las empresas van a cumplir con sus plazos de pago», apuntó el directivo. En su opinión, hay «una presión clarísima» para que no salga adelante. «El Gobierno tiene parada la tramitación del régimen sancionador», apunta, y se debe principalmente a esta presión.