Por Iván Acosta
Hola, ¿qué tal?
La Corte Suprema de Estados Unidos mostró este jueves una postura dividida sobre si un juez federal puede bloquear a nivel nacional una orden ejecutiva del expresidente Donald Trump, en este caso, su intento por eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento para hijos de migrantes en situación irregular o con estatus temporal.
El decreto, firmado por Trump el 20 de enero —el día de su investidura—, fue una de sus medidas más polémicas. Su propósito: negar la ciudadanía automática a los hijos de migrantes nacidos en suelo estadounidense si sus padres no tienen residencia legal permanente.
Esta disposición choca directamente con la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, vigente desde hace más de 150 años, que establece que toda persona nacida en territorio estadounidense es ciudadana del país. Por ello, tribunales federales en Maryland, Massachusetts y el estado de Washington suspendieron su aplicación, considerándola inconstitucional.
El gobierno de Trump presentó entonces un recurso de emergencia ante la Corte Suprema, que actualmente cuenta con una mayoría conservadora (seis de nueve jueces), solicitando limitar el alcance de las órdenes judiciales solo a las partes demandantes y al distrito en cuestión.
“El uso de medidas cautelares universales excede la autoridad judicial y altera el equilibrio constitucional entre los poderes”, argumentó John Sauer, asesor jurídico del expresidente. Las comparó con un “arma nuclear” contra el poder ejecutivo.
Durante la audiencia, los jueces expresaron preocupación por el uso creciente de este tipo de medidas a nivel nacional, aunque sin llegar a un consenso sobre su legalidad o conveniencia.
La magistrada progresista Sonia Sotomayor advirtió que, sin una medida cautelar de alcance nacional, miles de personas afectadas tendrían que presentar demandas individuales o iniciar un proceso colectivo. “Una demanda colectiva sería algo sin sentido”, dijo.
Por su parte, la jueza Ketanji Brown Jackson alertó sobre el peligro de convertir el sistema judicial en un juego de “atrápame si puedes”, en el que cada ciudadano necesita un abogado para proteger sus derechos básicos frente al gobierno.
Desde el bloque conservador, el juez Samuel Alito señaló un “problema práctico”, ya que cientos de jueces federales podrían emitir fallos contradictorios creyendo tener la razón.
Jeremy Feigenbaum, procurador general de Nueva Jersey —uno de los 23 estados que han demandado al gobierno federal por este decreto—, reconoció los retos que implican las medidas judiciales universales, pero argumentó que, en este caso, “hay una base extraordinaria para aplicarlas”.
“Permitir decisiones diferentes en cada estado generaría un caos jurídico donde la ciudadanía de una persona podría activarse o desaparecer simplemente al cruzar una frontera estatal”, sostuvo.
En su red Truth Social, Trump pidió a la Corte que le dé la razón: “La ciudadanía por nacimiento no fue pensada para turistas que vienen a tener hijos y convertirse en ciudadanos, mientras se ríen de lo tontos que somos”.
Sauer reforzó esa idea afirmando que la 14ª Enmienda fue concebida para otorgar derechos a los hijos de antiguos esclavos, no a personas en condición irregular o temporal. No obstante, la Corte Suprema ya rechazó ese argumento en 1898, estableciendo un precedente firme a favor de la ciudadanía por nacimiento.
HASTA LA PRÓXIMA, AMIGO
