La indecisión de Pedro Castillo agrava la crisis en Perú

La indecisión de Pedro Castillo agrava la crisis en Perú

El 5 de abril de 1992, Perú vivió el autogolpe de Estado perpetrado por el ahora encarcelado expresidente Alberto Fujimori, uno de los hechos históricos que todavía causan mella dentro de la población.

Justo el pasado martes, cuando se conmemoraron los 30 años de esta dolorosa fecha, el país enfrentó una intensa jornada de caos por cuenta de la inesperada decisión del presidente Pedro Castillo de declarar el estado de emergencia y toque de queda en Lima y el vecino puerto de Callao, algo que no se veía desde la cruenta época del terrorismo que azotó el país a finales del siglo pasado, y que según analistas también marcará la historia nacional.

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Ese día, las calles de Lima amanecieron semivacías, con los comercios cerrados, casi sin transporte público y las clases suspendidas. Patrullas militares custodiaban avenidas y puntos estratégicos de la capital peruana y de Callao, donde viven 10 millones de personas, buena parte de las cuales se ganan la vida de manera informal, por lo que el toque de queda los dejó sin ingresos. Se calcula que las pérdidas económicas ascendieron a los 300 millones de dólares, según informó la Sociedad Nacional de Industria.

El maestro rural de izquierda, que recién cumplió ocho meses en el poder, adoptó la medida al filo de la medianoche del lunes con la intención de frenar las protestas que desde hace más de una semana se viven en el país por cuenta del paro de transportadores que rechazaron el incremento en los precios del combustible. Sin embargo, el decreto produjo un efecto rebote y miles en Lima rompieron el toque de queda para salir a las calles a exigir su renuncia.

Pedro Castillo, presidente de Perú.

Foto:

Cris BOURONCLE / AFP

Para la noche de ese día, y a pesar de que el mandatario removió su orden siete horas antes de lo previsto, en Lima hubo destrucciones y enfrentamientos que dejaron al menos 25 policías heridos en los choques con manifestantes que protestaban en la capital y que causaron destrozos en el Palacio de Justicia y la Fiscalía.

Con un recrudecimiento de la crisis social y política en el país, las protestas en diferentes regiones, que ya dejan al menos seis fallecidos, apuntan a más inestabilidad.

Y si bien Castillo pidió “perdón” diciendo que sus decisiones se malinterpretaron, justificando que lo que buscaba era proteger a la población civil de presuntos ataques que se iban a dar ese día, declaró el jueves, día en que al paro se sumó el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú, el estado de emergencia en la red vial nacional durante 30 días y restringió derechos constitucionales como el libre tránsito por las carreteras, aguzando aún más la situación.

“El toque de queda fue una medida anticonstitucional y se convirtió en la gota que llenó el vaso. A las protestas se sumaron el Congreso y la opinión pública rechazando la acción de Castillo. No es que el conflicto se haya recrudecido, lo que pasa es que se ha tornado más violento y la razón que explica esto es que el Gobierno ha cometido el grave error de firmar compromisos que luego no cumple. Eso es lo más duro de su gestión”, le dice a EL TIEMPO Víctor Caballero, asesor en resolución de conflictos sociales en Perú.

Según Caballero, en estos ocho meses de gestión, Castillo ha firmado más de 500 actas y compromisos para la ejecución de obras y proyectos de inversión con organizaciones sociales, “algo claramente imposible de cumplir”. “A la fecha, el porcentaje de cumplimiento es casi nulo. El presidente firma actas, establece compromisos, define calendarios y a la hora de la verdad no cumple porque no tiene cómo ejecutarlos, y eso ha terminado enervando a la población”, agrega el analista.

“El toque de queda fue una medida anticonstitucional y se convirtió en la gota que llenó el vaso. A las protestas se sumaron el Congreso y la opinión pública rechazando la acción de Castillo

Es por eso que, pese a que el presidente anunció que aumentará en 10 % el salario mínimo —el primero aprobado en cuatro años— a partir de mayo, con la intención de menguar las protestas, la población parece decidida a querer la renuncia del mandatario.

“Justamente esos cambios, que son más de corte populista, demuestran lo poco que el presidente conoce las políticas públicas y el impacto que pueden tener en la población. En Perú, la masa laboral formal representa solo el 20 o 25 por ciento de los trabajadores”, afirma a este diario Andrés Calderón, analista político peruano, al destacar que la inflación se aceleró en marzo a su mayor ritmo en 24 años, con la probabilidad de que la huelga se sume a los costos locales de alimentos.

Estas son las primeras protestas masivas que enfrenta Pedro Castillo, elegido sorpresivamente el año pasado entre un abanico de 18 candidatos y quien asumió el poder aludiendo a sus orígenes humildes y a su pasado como líder sindical.

Ahora, desde la otra orilla de la huelga, el presidente parece no tener cómo contener a la enardecida masa que insiste en no resignarse a vivir en medio de una inestabilidad política y económica que desde hace más de cinco años tiene frenado a uno de los países con mejores perspectivas de la región.

Perú vive la enésima coyuntura de crisis que no solo salpica al mandatario, sino a un Congreso, mayoritariamente opositor, que no ha cesado en su acoso al presidente.

“El Legislativo tiene una imagen popular peor que la del propio Castillo y se ha convertido en el principal obstáculo político para el Gobierno. Con una mayoría claramente opositora, en apenas ocho meses el gobernante ha tenido que superar dos mociones de destitución (para las que el Parlamento debe contar con dos tercios de los votos), además de haber sido cuestionado en numerosas ocasiones”, afirma César Campos, columnista del diario Expreso.

Para Campos, lo ocurrido esta semana es “un punto de quiebre dramático, dado que ahora sí se habla con mayor ahínco de un recambio del Gobierno y del Congreso”. “De lo que hablamos es de volver a tener elecciones generales”.

Los analistas coinciden en que la figura de la vacancia por incapacidad moral está muy desgastada y no se avizora como una posibilidad cercana. Así las cosas, y si aumenta la presión social, la puja se daría por llevar a la renuncia del presidente. Incluso, el Legislativo aprobó el jueves una moción que exhorta a Castillo a renunciar de manera irrevocable “por el bien moral de la nación”.

“Lo cierto es que no se ve ninguna voluntad de renuncia por parte de Castillo. En ninguno de sus discursos ha planteado algún tipo insinuación de este corte o incluso de compartir el poder buscando una nueva alianza de Gobierno. Más bien parece que va a resistir todo lo que pueda. Por ende, el desenlace va a ser un poco más traumático de lo esperado”, considera Calderón. Para Campos, la resistencia del maestro rural será notable, ya que en octubre próximo habrá elecciones regionales y con ellas podría formar alianzas con las nuevas autoridades locales, que por demás dependen de recursos públicos.

No obstante, el experto advierte de un tercer escenario mucho más catastrófico: “La posibilidad de que nos enfrentemos a una guerra civil”. “No sería extraño pensar en que esta situación impulse a formar distintos grupos subversivos que revivan nuestro pasado con Sendero Luminoso o el Movimiento Túpac Amaru, que asolaron al Perú durante 20 años”. Y dado a que el Ejecutivo ha demostrado una gran debilidad en la negociación, la crisis económica puede terminar desbordándose.
“Castillo ha cedido en todo, sin percatarse del efecto inflacionario que pueden tener medidas como la reducción del impuesto del combustible o la aceptación de subsidios para productos de primera necesidad”, agrega Caballero.

Las escenas vividas con miles de manifestantes desafiando el toque de queda y expresando su ira indican que hay un numeroso grupo de ciudadanos que no quiere que Castillo —cuya desaprobación alcanza el 76 por ciento— siga en la presidencia. Además de las cacerolas que se escuchan cada cierto tiempo en la capital, la fragilidad que muestra el gobernante parece forzar su destitución.

STEPHANY ECHAVARRÍA NIÑO
Editora Internacional
EL TIEMPO
@dulcitodemora

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