La nueva Constitución de Chile enfrenta un camino de espinas

La nueva Constitución de Chile enfrenta un camino de espinas

A menos de seis meses del histórico plebiscito en Chile, en el que el pueblo decidirá si aprueba o no la nueva Constitución, las dudas crecen con respecto al proceso que adelanta la Convención Constitucional, órgano encargado de redactar la renovada edición de la Carta Magna chilena.

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Esto porque la ciudadanía no solo ha visto demoras en la entrega del documento sino que, además, el proceso ha sido tachado de «izquierdista» por los opositores del recién nombrado presidente Gabriel Boric propiciando iniciativas que invitar a votarla en contra, a pesar de que aún se desconoce el documento final.

Cuando se instaló el 4 de julio de 2021, la Asamblea tenía, inicialmente, solo nueve meses para escribir el borrador de la nueva Constitución, plazo que concluyó a inicios de abril.

Sin embargo, ante la falta de consenso entre los constituyentes, se hizo efectiva la única prórroga que estaba contemplada dándole al ente la posibilidad de presentarle su propuesta final al Ejecutivo este 5 de julio. Posteriormente, los chilenos irán a las urnas el 4 de septiembre para decidir si la aprueban o no.

Uno de los artículos aprobados y que ha generado controversia es el que contempla la nueva definición de Chile como un «Estado social y democrático de derecho».

Según José Miguel Sánchez, decano de Economía de la Universidad Católica de Chile, esto significa que «el Estado asumiría un rol activo en proporcionar salud, educación y vivienda, que son los llamados derechos sociales». «Esto es contrario a lo que teníamos antes, cuando el Estado garantizaba que esos bienes podían ser provistos por privados», aseguró el experto.

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Augusto Pinochet, general y dictador chileno, promulgó la Constitución actual.

Foto:

AFP

Sánchez agregó que con esta nueva definición se daría fin a la idea de Estado subsidiario, que, a pesar de que no está escrita de manera explícita en la Constitución actual, promulgada bajo la dictadura de Augusto Pinochet en 1980, «siempre se entendió que en el cubrimiento de estos derechos cabían los privados.

Ahora, con lo que se está redactando, el Estado adquirirá un rol de proveedor directo».

Esta medida caló mal dentro de ciertos sectores que consideran que la iniciativa privada y los emprendimientos se verían asfixiados.

«En el siglo XXI no es sostenible que bienes básicos para la subsistencia sean provistos por el mercado y no asegurados por el Estado. Ello no implica de ninguna forma que se elimine la posibilidad de que emprendimientos de particulares busquen ofertar servicios vinculados a bienes de importancia vital. Tampoco supone una alteración del mercado como espacio de distribución, al contrario, implica un potente estímulo para los oferentes», afirmó por su parte José Ignacio Núñez, director del Magíster en Derecho Público de la UCEN.

Eliminación del Senado en Chile

A dicho artículo se suma otro controversial y es el de reemplazar el Senado por una llamada Cámara de las Regiones.

Esto significaría que, en caso de que el borrador se apruebe, Chile contaría con un sistema bicameral «asimétrico» compuesto por una Cámara de Diputados, donde recaerá la mayor parte del poder para proponer y dar forma a nuevas leyes, mientras que la nueva Cámara solo podría votar sobre asuntos locales mas no decidir sobre la legislación nacional.

«El bicameralismo es común en los regímenes presidenciales. Una Cámara revisa los proyectos que emanan de la otra. Así es en Estados Unidos, México, Colombia, Uruguay, Bolivia, Argentina. La primera Cámara tendrá una base poblacional. Eso hace que Santiago tenga un poder sin contrapeso. Se diluyen ahí las regiones y pueblos originarios. La Cámara de las Regiones, en cambio, a diferencia del Senado actual, debiera tener igual número de representantes por región para contrapesar el centralismo», señaló el ensayista chileno Arturo Fontaine es su columna para El Mostrador.

Para Fontaine, el principal peligro es que «el elitismo que hoy estaría radicado en el Senado se desplace al Congreso, que tendría incluso muchísimo más poder que el Senado actual».

No obstante, el ensayista aclara que la solución podría darse manteniendo el modelo asimétrico, si la segunda Cámara sólo revisara proyectos «si, y solo si, una mayoría de los representantes de las regiones los estima de interés regional». Al tiempo que la segunda Cámara herede los poderes no legislativos del Senado actual.

Críticas a la Carta Magna

La ‘Constituyente’ también ha presentado críticas por parte de los sectores más conservadores de Chile, pues, según los opositores, se trataría de una «Constitución comunista».

A mediados de abril se manifestaron decenas de personas en Santiago para expresar su rechazo, alegando que el documento permitirá aspectos como el aborto libre y quitará derechos sobre la propiedad privada en el país.

Justamente, entre los artículos ya convenidos están los que garantizan los derechos sobre el cuerpo propio, que se traduce en legislaciones que promuevan una política más libertaria con respecto al aborto en Chile, en donde es ilegal con las excepciones de salvar la vida de la madre, malformación del feto o cuando el embarazo surge de una violación.

Eso sumado a la aprobación de incluir el acceso a una muerte digna, un hecho calificado como histórico por numerosos constituyentes, pero que genera rechazo por una buena parte de la conservadora población chilena.

El peso de Boric

El presidente electo de Chile, Gabriel Boric, habla con la prensa luego de sostener una reunión con el presidente Sebastián Piñera en el Palacio Presidencial de La Moneda en Santiago.

Foto:

Javier TORRES / AFP

A poco más de un mes de haber asumido la presidencia, Gabriel Boric enfrenta una desaprobación de 57 por ciento, según la más reciente encuesta de Activa.

La Convención, pese a ser un órgano independiente del Ejecutivo, explica Matías Bargsted, investigador del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (Coes), vería una afiliación indirecta por parte del Gobierno. Esto porque la coalición Apruebo Dignidad, de la cual fue candidato Boric, es la que mayor número de constituyentes tiene en la asamblea, con 28 de los 155 integrantes en total.

«Existe una sincronía entre los actores más influyentes en el Ejecutivo y en la Convención, por lo que la gente está empezando a asociar el desempeño de uno con el otro», apuntó Bargsted, quien también agregó que, aunque el Gobierno no quiere demostrar una adhesión tan evidente a la Convención, «un eventual éxito en el plebiscito se puede leer como una victoria política por parte de los grupos que están hoy en día en el Gobierno».

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Según el más reciente sondeo de Activa, el 37 por ciento rechazaría una nueva Carta Magna, mientras que 32 por ciento votaría por aprobarla, por lo que aún resta un gran porcentaje que está indeciso.

Este escenario preliminar contrasta con el plebiscito de octubre de 2020, en el que 80 por ciento de los votantes mostraron una postura favorable de cambiar la Constitución vigente, que el 11 de septiembre cumpliría 42 años.

Para Bargsted, con base en las cifras de las últimas encuestas, este nuevo proceso electoral, en el que todos los chilenos mayores de 18 años están obligados a votar, «va a dejar una porción significativa del electorado descontento e insatisfecho, sin importar quién gane. La tolerancia a la oposición será la más lesionada».

En caso de aprobarse en el referéndum de salida, la nueva ley fundamental sustituiría a la actual considerada por muchos como el origen de las grandes desigualdades del país por su corte neoliberal.

DIEGO STACEY SALAZAR
REDACCIÓN INTERNACIONAL

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