Por Iván Acosta
Hola, ¿qué tal?
Wilmer Escaray dejó Venezuela en 2007 y se inscribió en el Miami Dade College, antes de abrir su primer restaurante seis años después.
Ahora tiene una docena de negocios que contratan a migrantes venezolanos, como él lo fue alguna vez, trabajadores que ahora están aterrorizados por lo que podría ser el fin de su protección legal contra la deportación.
Desde principios de febrero, el gobierno de Trump ha puesto fin a dos programas federales que, juntos, permitieron a más de 700,000 venezolanos vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos, al igual que a cientos de miles de cubanos, haitianos y nicaragüenses.
En la comunidad venezolana más grande de Estados Unidos, la gente teme lo que podría enfrentar si las demandas que buscan detener al gobierno fracasan. Es de lo único que se habla en «Little Venezuela» o «Doralzuela», una ciudad de 80,000 personas rodeada por la expansión de Miami, autopistas y los Everglades de Florida.
John llegó de Venezuela hace nueve años y compró una empresa de construcción en crecimiento con un socio. Él y su esposa están bajo el Estatus de Protección Temporal, o TPS, que el Congreso creó en 1990 para personas en Estados Unidos cuyos países de origen se consideran inseguros para regresar debido a desastres naturales o conflictos civiles.
Los beneficiarios pueden vivir y trabajar mientras dure la situación, pero el TPS no ofrece un camino hacia la ciudadanía.
Nacida en Estados Unidos, su hija de cinco años es ciudadana. John, de 37 años, pidió ser identificado solo por su primer nombre por temor a ser deportado.
Su esposa ayuda con la administración en su negocio de construcción mientras trabaja como agente de bienes raíces. La pareja le dijo a su hija que podrían tener que dejar Estados Unidos. Venezuela no es una opción.
«Nos duele que el gobierno nos dé la espalda», dijo John. «No somos personas que vinimos a delinquir, vinimos a trabajar, a construir».
Un juez federal ordenó el 31 de marzo que el Estatus de Protección Temporal se mantuviera hasta la próxima etapa del proceso de impugnación en la corte, y al menos 350,000 venezolanos se salvaron temporalmente de perder su autorización para estar en el país.
Escaray, el dueño de los restaurantes, dijo que casi todos sus 150 empleados son venezolanos y más de 100 están amparados por el TPS.
Por su parte, otro programa federal de inmigración que permitió a más de 500,000 cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses trabajar y vivir legalmente en Estados Unidos —el permiso humanitario para permanecer en el país— expira el 24 de abril, a menos que haya una intervención judicial.
Los venezolanos fueron uno de los principales beneficiarios cuando el expresidente Joe Biden amplió drásticamente el TPS y otras protecciones temporales. Trump intentó cancelarlas en su primer mandato y ahora lo intenta nuevamente en el segundo.
El fin de las protecciones temporales ha generado poca reacción política entre los republicanos, excepto por tres representantes cubano-estadounidenses de Florida que han pedido evitar las deportaciones de los venezolanos afectados.
Mario Díaz-Balart, Carlos Giménez y María Elvira Salazar han instado al gobierno a evitar la deportación de venezolanos sin antecedentes penales y a revisar el estatus de los beneficiarios del TPS.
HASTA LA PRÓXIMA, AMIGOS
