Por Iván Acosta
Hola, ¿qué tal?
Desde su independencia, Estados Unidos ha realizado un censo de población cada diez años, coincidiendo con el cambio de década. Esta tradición, consagrada en la Constitución, incluye a todos los residentes del país, sin importar su estatus migratorio. Sin embargo, el expresidente Donald Trump expresó este jueves su intención de romper con esa norma histórica.
El nuevo plan representa un frente más en la batalla política de Trump. Durante el Censo 2020, su primera administración (2017-2021) intentó sin éxito excluir a los inmigrantes indocumentados del conteo oficial y terminó subcontando a la comunidad latina.
Ahora, su propuesta, nuevamente calificada como “inconstitucional”, parece enmarcarse en una estrategia más amplia para manipular la redistribución de distritos electorales.
Durante su primer mandato, la Oficina del Censo omitió a más de tres millones de latinos en el Censo 2020, al tiempo que sobrecontó a la población blanca no hispana.
El margen de error neto para los latinos fue del 4,99 %, una cifra estadísticamente significativa que superó ampliamente el 1,54 % registrado en 2010. El conteo oficial estimó una población hispana de 62,1 millones, pero ese porcentaje equivale a la omisión de más de tres millones de personas.
Este subregistro superó incluso al de la población afroamericana, cuya omisión fue del 3,3 %, una cifra que no difiere de forma significativa del 2,06 % de la década anterior.
En contraste, la población blanca no hispana fue sobrecontada en un 1,64 %, también un dato estadísticamente significativo frente al 0,83 % registrado en el censo previo.
Organizaciones y líderes latinos responsabilizaron directamente al gobierno de Trump, denunciando una interferencia política deliberada en el proceso.
En paralelo, el expresidente intentó ordenar la exclusión de los indocumentados del censo, pero los tribunales rechazaron el plan, recordando que solo el Congreso tiene la facultad de determinar quiénes deben ser contabilizados.
La propuesta de Trump excede los límites constitucionales de la presidencia. La autoridad para ordenar censos adicionales o modificar los criterios del conteo recae exclusivamente en el Congreso, que podría hacerlo mediante legislación ordinaria.
Sin embargo, estos censos intermedios son meramente estadísticos y sus resultados no se utilizan para redefinir distritos electorales.
Desde 1790, el censo decenal ha sido una constante, incluso en momentos de crisis. Ni siquiera la pandemia de la COVID-19 en 2020 impidió su realización.
La Constitución establece la frecuencia y los métodos del conteo, que tradicionalmente se realiza a través de visitas puerta a puerta, correo o teléfono. En 2020, por primera vez, también fue posible completarlo en línea.
El censo no solo guía la distribución de recursos federales para comunidades y programas públicos, sino que también define los distritos electorales y el número de representantes en el Congreso.
Por eso, cualquier desviación en el conteo puede alterar el equilibrio político y tener consecuencias directas en elecciones locales, estatales o federales.
Según los últimos datos oficiales, cerca de 11 millones de personas vivían sin papeles en EE. UU. en 2022.
Su exclusión del Censo 2030 podría cambiar la configuración de varios distritos y beneficiar al Partido Republicano en los comicios legislativos de 2026 y en las elecciones presidenciales de 2028.
El anuncio de Trump se produce en un momento de alta tensión política en Texas, donde legisladores demócratas intentan frenar un plan de redistribución de distritos impulsado por el gobierno republicano estatal.
El plan, impulsado por Trump, ha sido acusado de favorecer a los conservadores mediante prácticas de gerrymandering, una manipulación política de los mapas electorales para consolidar mayorías.
HASTA LA PRÓXIMA, AMIGO
