Las renovables abren otra brecha entre CCAA: Aragón, Extremadura y Andalucía acaparan el 60% del nuevo ‘boom’

Energía

Detrás de esta carrera por atraer inversión renovable se encuentra la aspiración de algunas autonomías por retener población en los municipios considerados dentro de la España Vaciada

Parque eólico de Esteras de Medinacelli.Antonio Heredia

Actualizado Lunes, 17 enero 2022 – 01:31

La transición ecológica amenaza con abrir otra brecha entre comunidades autónomas por las grandes diferencias en la promoción y desarrollo de nuevas instalaciones fotovoltaicas y eólicas en función del territorio. Los datos evidencian que en el nuevo ‘boom’ del sector, iniciado en 2017 tras años de parón regulatorio, sólo tres regiones acaparan el 60% de los nuevos megavatios que han entrado en operación en el país. Se trata de Aragón, Extremadura y Andalucía, según los datos recogidos por la patronal de renovables Appa.

La primera de estas autonomías se ha consolidado como la líder del viento al concentrar la mayor parte de los proyectos eólicos instalados en España en los últimos cuatro años, muchos de estos soportados en el respaldo de las diferentes subastas de potencia de generación ‘verde’ convocadas por la Administración. A los 2.482 megavatios eólicos se suman otros 1.262 solares, lo que lleva a esta región a concentrar por sí sola una cuarta parte del renacimiento del sector.

En el ámbito fotovoltaico hay tres autonomías que luchan por liderar el sector. Se trata de Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha. Las tres andan inmersas en una carrera por atraer fuertes inversiones con las que aprovechar sus vastos terrenos y su abundante radiación solar para convertirse en los motores de la transición ecológica del país.

Pero esta carrera por las renovables también deja perdedores. En algunos casos al tratarse de territorios pequeños y con poco margen para la instalación de plantas de generación renovable. Es el caso de Madrid, que sin embargo se consolida como una de las regiones de España con mayor consumo energético.

En otros casos, la instalación de renovables se ve frenada por el estricto procedimiento burocrático para su instalación o las duras leyes medioambientales que bloquean su desarrollo. En el sector denuncian que esta es la situación de Cataluña y la Comunidad Valenciana, que viven de las instalaciones aprobadas en la primera década de siglo pero quedan muy rezagadas en la comparativa de inversión desde 2017 por las trabas que imponen a las empresas, según denuncian fuentes del sector.

El presidente de la patronal Appa Renovables, Santiago Gómez, advirtió durante la celebración del último congreso de la asociación de que este año se ha producido un pinchazo a nivel general en la instalación de renovables. «Estamos muy lejos de las cifras de instalación que necesitamos para cumplir los objetivos del Plan Nacional de Energía y Clima», señaló aludiendo a los números: 3.500 megavatios instalados en 2021 frente a los 5.400 que requeriría anualmente el país para cumplir con los objetivos marcados por Bruselas.

Gran parte de los motivos que explican este freno radican en el complejo proceso burocrático que deben superar las instalaciones -con diferentes trámites según cada región- y a la falta de medios de aprobación y supervisión en la Administración. «Hay funcionarios con 300 expedientes encima de su mesa que requieren un informe particular, que puede ser de muy distinto tipo: arqueología, seguridad aérea, seguridad nacional, infraestructura ferroviaria, confederación hidrográfica…», explica José María González Moya, director general de Appa.

Detrás de esta carrera por atraer inversión renovable se encuentra la aspiración de algunas autonomías por retener población en los municipios considerados dentro de la España Vaciada y elevar sus ingresos fiscales por la propia generación eléctrica derivada de la instalaciones. En el primer caso, la propia Appa cifra en 11.000 millones de euros la contribución al PIB de las renovables y eleva a 92.000 los empleos directos e indirectos generados por el sector. Estos trabajos están vinculados con la propia instalación del parque renovable y la cadena industrial vinculada a su mantenimiento.

Un informe de la Asociación Empresarial Eólica concluye que la renta per cápita es en general mayor en los pueblos de España donde hay instalado un parque, y lo vincula con las rentas que derivan del propio arrendamiento de los terrenos como los ingresos fiscales vinculados a su actividad.

Pero no todo es positivo. El fuerte crecimiento de las renovables en los últimos años ha despertado malestar en sectores como la ganadería o la agricultura, que denuncian una invasión de estas instalaciones que amenaza su propia actividad económica. Este rechazo ha comenzado a agruparse en plataformas que demandan una integración más racional de las renovables y la obligación de que éstas favorezcan el desarrollo local a modo de contraprestación.