Limpiadores, jardineros, ‘manitas’… al menos 73.000 trabajadores tendrán una subida de sueldo con la reforma laboral

Limpiadores, jardineros, ‘manitas’… al menos 73.000 trabajadores tendrán una subida de sueldo con la reforma laboral

P&R Qué cambios introduce la reforma laboral

La reforma laboral ha sido aprobada pese a la confusión que se vivió en el Congreso la semana pasada y la polémica respecto al voto equivocado del diputado del PP, Alberto Casero. A día de hoy, sin perjuicio de cómo pueda evolucionar el conflicto, la reforma está en vigor, lo que en la práctica se traducirá en una subida de sueldo para algunos trabajadores.

Se trata, sobre todo, de empleados de empresas multiservicios que ofrecen a otras compañías packs de limpieza, jardinería, mantenimiento, etc. y cuyos trabajadores hasta ahora se regían por el convenio de la empresa, que tenía prioridad aplicativa en materia de salarios sobre los sectoriales.

Según calcula UGT, el número de beneficiados superará los 73.000 que son los que están amparados por 287 convenios de empresas, según los datos recogidos en el Registro de Convenios Colectivos del Ministerio de Trabajo y Economía Social (Regcon).

«Podemos estar hablando de más de 73.000 trabajadores y trabajadoras regulados por casi 300 convenios de empresas multiservicios. No obstante, entendemos que esta cifra está muy por debajo de la real, ya que suelen registrarse con un número de personas trabajadoras relativamente bajo y, en función de las actividades y de los centros de trabajo que después van asumiendo, este número va creciendo de forma muy significativa», explica la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT en su informe sobre la precariedad que padecen las empresas de multiservicios, y que contiene las cifras más actualizadas disponibles, según ha confirmado este sindicato a EL MUNDO.

La organización que lidera Pepe Álvarez explica que la reforma laboral de 2012 trajo consigo la prioridad aplicativa del convenio de empresa sobre el convenio sectorial, lo que «permitió la proliferación de convenios colectivos de empresas multiservicios».

«La subcontratación a través de las empresas multiservicios permite pagar una retribución mucho más baja que la que correspondería a una persona empleada de la empresa, generalmente el salario mínimo interprofesional, y sin ningún tipo de sujeción al convenio colectivo correspondiente al sector de la actividad que realizan. Las empresas multiservicios se estaban aprovechando, por tanto, del mismo mercado en el que estaban actuando las ETT y de la prioridad aplicativa del convenio de empresa sobre el sectorial, fomentando la temporalidad y la degradación de las condiciones laborales de las personas trabajadoras, alejándolas, en definitiva, de las mejoras obtenidas tras años de negociación de convenios sectoriales fuertes y consolidados», añaden.

Consideran, por ello, que posiblemente son «las personas trabajadoras con mayor precariedad del mercado laboral».

UGT se refiere a que desde el año 2012, el artículo 84.2 del Estatuto de los Trabajadores recogía que por norma se aplicaría con carácter general el convenio más antiguo que esté en vigor (ya fuera el de la empresa o el sectorial), pero que el convenio de empresa se aplicaría siempre prioritariamente en ciertas materias, en las que se incluía el salario, incluso si el contrato sectorial era más antiguo.

Con la nueva reforma laboral del Gobierno, se mantiene la idea de que prevalece el convenio más antiguo pero se quita la prevalencia del convenio de empresa en materia salarial.

En el caso de las empresas multiservicios, se plantea un problema adicional y es que no existe un convenio sectorial para ellas (no hay un convenio sectorial multiservicios), de ahí que cada una de sus distintas actividades deben adscribirse a partir de ahora al convenio de su sector: por ejemplo, a los jardineros habrá que aplicarles el convenio de Parques y Jardines y a las ‘kellys’, el convenio de Limpieza de Edificios y Locales.

Se da el caso, además, de que ninguna de estas compañías tiene un convenio de empresa que sea anterior a los convenios sectoriales de estas actividades, así que no van a tener otro remedio que adaptarlos y equiparar el salario de sus trabajadores a lo que marcan esos convenios.

«Si ya no pueden aplicar el convenio de empresa van a tener que adaptar el salario a lo que marque el convenio sectorial y tienen que hacerlo ya, porque la norma está en vigor y les da tres meses para adaptarse, hasta el 31 de marzo«, explica a este medio Alberto Novoa, socio de laboral de CECA Magán Abogados.

Alfredo Aspra, abogado laboralista y socio de Labormatters Abogados, apunta a este periódico que «aunque sin duda, determinado perfil de compañías de multiservicios serán las principales afectadas, qué duda cabe que otras que operen únicamente en sectores como el de la limpieza, hostelería, el turismo en general, jardinería o incluso el logístico podrán verse en esta situación, de ahí que la cifra de trabajadores que se podría beneficiar de un incremento salarial será aún mayor».

Según la Estadística de Convenios Colectivos de Trabajo del Ministerio de Trabajo, a cierre de 2021 hay en España 373.444 trabajadores regulados por un convenio de empresa de compañías privadas, frente a los 7,22 millones de empleados que están adscritos a un convenio sectorial.

No todos, sin embargo, tienen pactados en esos convenios condiciones salariales peores a las que marca el convenio del sector, pero no hay forma oficial de conocer cuántos están en esa situación.

La accidentada votación que se produjo en el Congreso el pasado jueves ha llenado de incertidumbre a las empresas, que temen que si el PP o cualquier otro partido presenta un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional la reforma laboral pueda derogarse.

Los abogados laboralistas consultados por este medio explican, no obstante, que salvo que el Constitucional tome medidas cautelares y decida dejar sin efecto la norma hasta emitir su dictamen -algo que ocurre en muy pocas ocasiones-, lo más probable sería que la reforma laboral siguiera en vigor hasta que se produjera el veredicto, algo que podría demorarse más de un año, como ha ocurrido con otros asuntos como la prórroga del Estado de Alarma.

Por eso, recomiendan a las empresas que se adapten a la nueva normativa laboral en vigor, ya que es su deber aplicarla tanto si su votación llega al Constitucional como si no.

Avisan, no obstante, de que en caso de que el Tribunal Constitucional decida derogar la norma dentro de más de un año o declarar nula la votación, los abogados laboralistas se encontrarán en una situación compleja, al igual que las empresas, que llevarán todo ese tiempo dando prioridad aplicativa al convenio del sector en materia de salarios -por ejemplo- sin que estuviera amparado por ninguna norma válida.