Los peritos independientes declaran ante la juez que Plus Ultra no cumplía requisitos para el rescate

Los peritos independientes del llamado ‘caso Plus Ultra’ han declarado este martes ante la juez instructora que la aerolínea no cumplía los requisitos para poder ser rescatada por el Gobierno, según fuentes jurídicas presentes. En un careo organizado por la magistrada Esperanza Collazos, el equipo de peritos independientes encabezado por Pedro Martín Molina, han sostenido a lo largo de tres horas y media que Plus Ultra se encontraba ya en crisis antes de la pandemia y, por tanto, no cumplía un requisito básico para poder ser salvada por el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Este instrumento estatal fue creado por el Gobierno para salvar a empresas viables. «Plus Ultra estaba en situación límite no, lo siguiente, antes del rescate, lo sabemos todos», han llegado a decir a lo largo de la declaración.

Se trata de los que redactaron el informe encargado por el juzgado que han comparecido en el careo junto a los que firmaron el solicitado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Unos y otros han ratificado sus conclusiones en este caso en el que se investiga si hubo delitos en la concesión de la ayuda pública de 53 millones de euros concedida a la aerolínea.

El careo se ha prolongado por las múltiples preguntas de Esperanza Collazos, la Abogacía del Estado, la Fiscalía y las acusaciones populares ejercidas por Manos Limpias, PP y Vox. También de la propia Plus Ultra.

Por parte de la Sepi han comparecido los representantes de DC Advisory y Deloitte, que prestaron asesoría financiera y jurídica al Gobierno para avalar el rescate y que han insistido en que, en su opinión, sí se cumplían todos los requisitos legales.

Los peritos independientes han atacado en particular, según las fuentes consultadas, el préstamo participativo de 6,3 millones de euros que recibió la aerolínea por parte de Panacorp, la sociedad de valores panameña clave para que Plus Ultra no quebrara antes de la pandemia. En opinión de estos peritos, el «préstamo participativo» de Panacorp, vinculada a los dueños venezolanos de la empresa, no tenía otra finalidad que ofrecer la imagen de que Plus Ultra no había entrado en causa de disolución.

En el interrogatorio han sido más rotundos que su informe por escrito en el que ya avanzaban «dudas más que razonables» sobre cuál era la situación patrimonial de la compañía a fecha 31 de diciembre de 2019 y, en consecuencia, sobre el cumplimiento de las condiciones esenciales para la concesión de la ayuda pública a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Por su parte, la secretaria jurídica de Vox, Marta Castro, ha asegurado en declaraciones a la prensa, según Europa Press, que se ha tratado de una «una prueba esencial» y que, a su juicio, «ha sido muy interesante ver las contradicciones» entre los dos equipos de peritos, ya que ha habido «muchas matizaciones» e «interpretaciones contables».

Castro ha adelantado que pedirán la declaración del representante legal de Plus Ultra y también de los responsables de la SEPI. «Sin estas declaraciones me parece que la investigación queda, quizás, incompleta. Y no deberíamos tomar decisiones precipitadas», ha afirmado.

Desde la formación liderada por Santiago Abascal han insistido en que la aerolínea disfrazó su situación para poder acceder a la ayuda pública y han recordado, además, que existen «vínculos personales» entre Plus Ultra y el gobierno de Nicolás Maduro. «Eso es algo que creemos que también se tienen que evaluar», ha añadido.

Tras el careo de este martes, la juez tendrá que decidir si sigue adelante con la investigación, como piden las acusaciones, o si acuerda el archivo, como reclaman la Fiscalía y la Abogacía. También Plus Ultra que en un comunicado ha asegurado que «el careo entre peritos celebrado hoy en sede judicial en torno a la investigación del Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, ha permitido corroborar que la aerolínea española cumplía con todos los requisitos establecidos por la SEPI para acceder al préstamo de 53 millones de euros que el organismo le ha concedido en el marco del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas».

La dirección de la aerolínea afirma que «aunque los peritos judiciales han reconocido que se reflejó correctamente desde el punto de vista tanto contable como legal, han insistido en que no creían que fuese verdaderamente un préstamo participativo». Pero, según Plus Ultra es sólo «una matización efectuada sin ningún argumento técnico, legal u objetivo, a pesar de las insistentes preguntas al respecto de distintas partes personadas en la causa, incluida la propia juez Esperanza Collazos». Por tanto, pide que , «la causa debería de archivarse a la mayor brevedad posible. De otro modo se prolonga injustamente el enorme daño que se está haciendo a la reputación de la compañía, a sus accionistas y a sus más 350 empleados».