Los tribunales anulan ya plusvalías con el fallo del TC mientras los ayuntamientos ultiman nuevas fórmulas para cobrarlo

Los tribunales anulan ya plusvalías con el fallo del TC mientras los ayuntamientos ultiman nuevas fórmulas para cobrarlo

Impuesto de plusvalía Claves del fallo del TC que anula el tributo

El Ayuntamiento de Madrid tendrá que devolver 28.768,19 euros a una vecina de la ciudad que ha conseguido la nulidad de una liquidación del impuesto de plusvalía municipal originada por la transmisión de un inmueble. Es una de las primeras sentencias dictadas tras el fallo del Tribunal Constitucional del pasado 26 de octubre que anulaba el tributo y que está obligando a los consistorios de todo el país a estudiar nuevas fórmulas de cálculo para recuperar el cobro habitual de su segunda fuente de ingresos municipales.

En esas andan los equipos municipales dos meses después del fallo que consideraba que el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tal y como estaba configurado, era inconstitucional. El llamado impuesto de plusvalía municipal constituye la segunda fuente de ingresos para las corporaciones locales y deja al año en torno a 2.500 millones de euros en sus arcas.

El posterior real decreto-ley aprobado por el Gobierno para adaptar la ley a la citada jurisprudencia concedía seis meses de transición a los equipos municipales para adecuar sus normativas al nuevo marco legal, pero los expertos consultados por EL MUNDO no tienen constancia hasta el momento de que ese proceso haya culminado y se esté liquidando el tributo en base a los nuevos criterios. Entre otras razones, aseguran, por la complejidad técnica que supone el cambio.

Eso no significa que no puedan reclamarlo, ya que tienen un plazo de cuatro años para hacerlo, sino que lo harán con más retraso del habitual. Los Inspectores de la Hacienda Local han advertido recientemente de que «miles de ciudadanos siguen preguntando a sus abogados y a la Administración municipal qué va a ocurrir con sus expedientes, o si todavía les pueden exigir el impuesto en determinadas circunstancias conforme a la normativa anterior» y también han avisado de que «en muchos ayuntamientos no existe una decisión definitiva sobre algunas cuestiones concretas».

Los inspectores apuntan también a la incertidumbre generada por la situación y avisan de la «disparidad de criterios» ante «el previsible incremento de recursos por parte del contribuyente y los vacíos normativos ante distintas situaciones tributarias; la fijación de criterios por parte de los ayuntamientos o el alcance de la reforma del impuesto».

Mientras tanto, los juzgados empiezan a pronunciarse con la doctrina del TC en la mano. Ya se han conocido fallos que afectan a ayuntamientos tan dispares como el de Alcorcón (también en Madrid) o Sanxenxo (Pontevedra). En el caso defendido por el despacho de abogados Legalion que afecta al consistorio madrileño, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 25 de Madrid concede la razón a la demandante que abonó 28.768,19 euros por el impuesto de plusvalía tras el silencio administrativo que obtuvo como respuesta a su reclamación original.

«Estimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra desestimación presunta por silencio administrativo de la reclamación económico-administrativa interpuesta ante el Tribunal Económico Administrativo Municipal, contra la desestimación, también presunta por silencio administrativo, de la solicitud de devolución de los ingresos efectuados por el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana por importe de 28.768,19 euros», recoge el texto de la sentencia a la que ha tenido acceso EL MUNDO.

«Las partes admiten que la liquidación recurrida no ha adquirido firmeza y se pronuncian acerca de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 26.10.21 (BOE de 25.11.21), lo que conduce directamente a la estimación de la pretensión de la demandante teniendo en consideración la aplicación de la sentencia del Tribunal Constitucional citada», añade.

En esta línea, el juzgado considera que la sentencia del TC deja «un vacío normativo sobre la determinación de la base imponible que impide la liquidación, comprobación, recaudación y revisión de este tributo local y, por tanto, su exigibilidad […] Por tanto, no existiendo actualmente norma de aplicación para revisar la liquidación recurrida, procede anular el acto administrativo objeto de este proceso». Asimismo, no impone costas a ninguna de las partes y descarta la posibilidad de «interponer recurso ordinario alguno» contra su decisión.