Por Iván Acosta
Hola, ¿qué tal?
El programa de permiso humanitario creado por Joe Biden en beneficio de los ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela podría finalizar este mes, dejando a más de medio millón de personas de los países más inestables de la región con solo dos opciones: la autodeportación o quedar a merced de los agentes de inmigración.
Hasta diciembre de 2024, el último mes completo de gestión de Biden, habían ingresado a Estados Unidos 531,690 nacionales de estos cuatro países bajo el programa. Solo desde Haití llegaron 211,040 personas, representando el 40 % de todos los beneficiarios.
Esto significa que, a menos que un juez frene la disposición o que los cientos de miles de haitianos cuenten con otra protección legal, deberán abandonar voluntariamente Estados Unidos a más tardar el 30 de abril, utilizando la aplicación CBP One, ampliamente promocionada por el gobierno, o enfrentarse al arresto para una deportación acelerada.
El gran dilema es que estas personas aplicaron al programa como un alivio ante la profunda crisis que arropa a Haití, un país que no ha celebrado elecciones generales desde 2016 y donde más de un millón de personas han sido desplazadas por la violencia de las pandillas, que controlan más del 80 % de la capital.
El beneficio temporal se inició en octubre de 2022 para los venezolanos, con el fin de reducir el flujo migratorio por la frontera con México, y en enero siguiente se amplió a cubanos, haitianos y nicaragüenses. Desde entonces, se conoce como el programa CHNV por las siglas de los países incluidos.
Los beneficiarios debían contar con un patrocinador financiero en Estados Unidos, cubrir su pasaje aéreo y pasar controles de salud y antecedentes. Desde enero de 2023, aproximadamente 30,000 migrantes ingresaban cada mes bajo este programa. Una vez aprobados, tenían un permiso de dos años para vivir y trabajar en el país.
Este martes, el Registro Federal anunció que el programa desaparecerá al finalizar abril, alegando que no ofrece “un beneficio público significativo, no es necesario para reducir la inmigración ilegal, no mitigó adecuadamente sus efectos en el país, no cumple con sus propósitos y es incompatible con la política exterior de esta administración”.
El pasado 20 de febrero, la Administración Trump también anunció la decisión de revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para más de medio millón de haitianos. Estas protecciones expirarán en agosto.
Su estatus había sido renovado previamente por el gobierno de Biden, que había ampliado de forma significativa ese tipo de visa humanitaria.
El lunes, un juez pausó los planes del gobierno para dar fin a la protección legal temporal de cientos de miles de venezolanos, justo una semana antes de la fecha programada para su expiración. El juez otorgó una semana al gobierno para apelar, así como para que los defensores presenten una solicitud similar para los haitianos.
Con su país sumido en una crisis de larga data y un pasaporte que solo permite el ingreso a 52 naciones —incluidos solo dos en América (Bolivia y Surinam)—, los haitianos enfrentan opciones muy limitadas si deciden abandonar Estados Unidos.
De acuerdo con El Nuevo Herald, la situación para los ciudadanos que no pueden regresar a su país no es del todo clara, pero se señala que el gobierno de Trump asegura haber negociado con países latinoamericanos para que acepten a los deportados.
Un ejemplo de ello es Panamá, que el 16 de febrero recibió un avión militar con 119 deportados de diversas nacionalidades.
Según el aviso de este martes, una vez finalizado el programa, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tiene la intención de deportar de inmediato a quienes no salgan voluntariamente ni cuenten con un estatus legal.
HASTA LA PRÓXIMA, AMIGOS
