México: familias se entrenan para encontrar a sus desaparecidos y muertos

México: familias se entrenan para encontrar a sus desaparecidos y muertos

Los papás de María Fernanda Contreras no supieron nada de ella durante casi 120 horas. Fueron cinco días de angustia durante los cuales recorrieron las calles de Apodaca –un municipio del estado mexicano de Nuevo León– tratando de buscar alguna pista o persona que los ayudara a encontrar a su hija.

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Carteles con nombres de víctimas por feminicidios en los cercos metálicos instalados por el gobierno de AMLO en Ciudad de México. (Archivo)

Foto:

Carlos Ramírez. EFE

Marifer, como le decían de cariño sus familiares, salió de su casa la noche del 3 de abril para reunirse con unos amigos, pero después de ese domingo nunca volvió.

«Ella le mandó un mensaje a las 9 p. m. a su mamá para decirle que ya iba de regreso, pero pasaron las horas y nadie sabía nada. Eso preocupó a mis tíos. A las 11 p. m. llamaron a los amigos (de Marifer) para averiguar dónde estaba, pero nadie sabía», le relató a EL TIEMPO María José Ruiz, prima de María Fernanda.

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La angustia de la desaparición creció y, en la madrugada del lunes siguiente, Luis Carlos, el papá, interpuso la denuncia formal ante las autoridades, lo que desembocó en una ficha de búsqueda.

«27 años; mexicana; cabello lacio castaño oscuro a los hombros; tez blanca y ojos café oscuro; estatura, mediana; pantalón negro, blusa blanca con rayas verticales blancas con negro y café; se moviliza en un vehículo Mazda 3». 

Esa fue la descripción que la Fiscalía de Nuevo León publicó para tratar de hallar a María Fernanda.

Pero las horas pasaban y no había respuesta. La familia Contreras no se quería quedar de manos cruzadas. Ante la falta de información de las autoridades, papás, tíos, primos y amigos organizaron grupos de búsqueda para seguir los últimos pasos de la joven.

El jueves de esa semana empezó a circular un rumor en los medios locales de Nuevo León que afirmaba que supuestamente las autoridades habían encontrado el cadáver de una joven en una casa abandonada

El mensaje por chat que le envió a su madre fue clave para determinar la ubicación del celular de la desaparecida.

La señal del GPS les marcó una ubicación de un rango de 1,2 kilómetros en la colonia Exhacienda Santa Rosa, donde la joven había ido para encontrarse con un compañero de trabajo con el que concretaría el negocio de un carro y para reclamar un dinero que le debían. Y aunque esa información la compartieron con las autoridades de búsqueda de Nuevo León, María José asegura que en las primeras horas ningún investigador se presentó en esa zona.

«Mi tío (Luis Carlos) se fue con un amigo y estuvieron dando vueltas en la colonia durante varias horas. Revisaron las cocheras (garajes) de las casas, pero no encontraron nada. Pese a que la familia les dio también esa información a las autoridades, el único que estuvo buscando durante las primeras horas de la desaparición fue mi tío», agregó Ruiz.

Dos días después, el carro Mazda de María Fernanda fue hallado en uno de los costados del Palacio de Justicia, en la colonia Nuevo Morelos, en Monterrey, a unos pocos kilómetros de Apodaca, pero hasta entonces no había noticias de ella. 

El jueves de esa semana empezó a circular un rumor en los medios locales de Nuevo León que afirmaba que supuestamente las autoridades habían encontrado el cadáver de una joven en una casa abandonada, la cual se encontraba, precisamente, cerca de la última señal que emitió el celular.

Sin embargo, las autoridades solo confirmaron hasta un día después que se trataba de María Fernanda, quien murió de forma violenta por un golpe contundente en la cabeza. Actualmente, un excompañero suyo está vinculado como responsable de la muerte.

Un drama multiplicado

Debanhi Escobar desapareció el 9 de abril de 2022 y fue hallada sin vida dos semanas después.

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Instagram: @Debanhi.Escobar

El caso de María Fernanda hace parte de la espiral de crímenes, desapariciones y homicidios que ocurren diariamente en México, un país donde asesinan a más de 10 mujeres al día y hay casi 100.000 personas desaparecidas desde 1964, de las cuales más de 24.000 son mujeres.

Recientemente, el país se ha enfrentado a una ola de desapariciones que tienen como epicentro el estado de Nuevo México. Entre ellas se encuentra el caso de Debanhi Escobar, la joven de 18 años que fue hallada muerta en la cisterna de un motel, y cuyas causas aún no se han esclarecido.

Aunque ambos casos todavía son materia de investigación, en ninguno se descarta el feminicidio, un crimen que refleja la violencia en el país y los líos de las autoridades para investigar de forma eficaz y rápida.

En total, según cifras recopiladas por el portal mexicano La Silla Rota, solo en lo que va de 2022 han desaparecido más de 50 mujeres en Nuevo León. Si bien la violencia en México afecta a la ciudadanía en general –en el país hay más de 74.000 hombres desaparecidos–, los casos en ese estado despertaron un interés inusual, en un país que sumó 3.751 asesinatos de mujeres solo en 2021, de los cuales 1.004 fueron calificados como feminicidios.

Hay una violencia generalizada de género en todo el país que se conjuga con las desapariciones y la delincuencia organizada

Además, los casos de María Fernanda y Debanhi tienen patrones en común, compartidos con mucho otros: las crecientes desapariciones, la violencia contra las mujeres, la indolencia de las autoridades y la poca capacidad de investigar en un país desbordado por el crimen.

Aunque los cuerpos de las mujeres mencionadas sí fueron hallados, lo cierto es que hay cientos de familias en el país que pasan días, meses y hasta años sin saber de sus seres queridos.

“Desde hace años se vienen presentando desapariciones forzadas. Eso comenzó en el ámbito de la guerra contra el narco (que inició hace más de una década el expresidente Felipe Calderón). Ahora se extendió y hay una violencia generalizada de género en todo el país que se conjuga con las desapariciones y la delincuencia organizada. Entre los 32 estados que hay en México, 18 de ellos están en alerta (por violencia) de género. Es una situación que se vive a nivel macro en todo el país”, le explicó a este diario Isabel Suárez, abogada especialista en asuntos de género de la organización civil Idheas.

Sumado a la violencia, a la que muchos se exponen en México, cuando las familias acuden a las autoridades para buscar justicia, muchas veces se encuentran con un sistema desbordado y una serie de irregularidades que dilatan la resolución de los casos.

En el caso de María Fernanda, por ejemplo, su familia denunció lentitud en la búsqueda. De hecho, María José le contó a EL TIEMPO que el carro de su prima fue conducido libremente por el presunto agresor días después de cometerse el crimen hasta que el vehículo fue abandonado, según captaron varias cámaras de seguridad.

«Esto de los protocolos (de búsqueda), para mí, es un verdadero desastre, por no decir vergonzoso», dijo Luis Carlos, el papá de María Fernanda, en una entrevista con Televisa Monterrey días después de que hallaron a su hija. 

Desde el descubrimiento de su cuerpo, muchas mujeres salieron a protestar exigiendo justicia.

Foto:

Julio Cesar AGUILAR / AFP

La investigación de Debanhi también presentó irregularidades. El fiscal general de Nuevo León, Gustavo Guerrero, destituyó a dos fiscales por graves “omisiones y errores” en el caso. La remoción ocurrió porque los grupos de búsqueda revisaron hasta en cuatro ocasiones el motel y no encontraron el cuerpo, el cual fue localizado casi dos semanas después en el interior de una cisterna del lugar.

De otro lado, y de acuerdo con estas organizaciones para la búsqueda de desaparecidos, muchas veces las familias enfrentan una estigmatización de las autoridades.

«Vivimos en un contexto inseguro y violento, y continúa la impunidad en México. En Nuevo León minimizan los delitos. Insisten en que no hay desapariciones y las autoridades dicen que muchas (personas) se van por su voluntad. Otros dicen que se van con el novio. En pasadas administraciones se manejaba un discurso que criminaliza y estigmatiza a las víctimas. Eso minimiza los delitos», le explicó a EL TIEMPO Angélica Orozco, integrante de la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL).

Ante la falta de noticias de los desaparecidos en México existen innumerables organizaciones y grupos impulsados por familiares, que coordinan sus propias brigadas de búsqueda para tratar de seguir las pistas y hallar a sus seres queridos, así sea muertos.

Muchos de ellos aprenden métodos de búsqueda y a interponer recursos ante la justicia para defender sus derechos. Otros también estudian métodos de excavación y extracción para, con sus propias manos, realizar el proceso de identificación de restos humanos enterrados en fosas.

“A pesar de que se han implementado leyes, protocolos y mecanismos de identificación (de desaparecidos), todavía hay mucho rezago. Hay que reconocer que las autoridades están desbordadas. Las instituciones, por más leyes y protocolos, no van a ser funcionales si no hay buen presupuesto y recursos humanos”, mencionó Yolanda Navarro, miembro de la red de Eslabones de Nuevo León, organización dedicada a la búsqueda de desaparecidos.

Yolanda Martínez lleva desaparecida desde el 31 de marzo.

Foto:

Twitter Ivania (@ivaniacardenas)

Pese a que México arrastra este flagelo de la violencia desde hace varios años, los casos en Nuevo León de Debanhi y María Fernanda volvieron a poner en la agenda pública la gravedad de estos episodios y la necesidad de investigar a fondo qué ocurrió realmente con las víctimas.

A propósito, y a raíz de estos episodios, la Comisión de los Derechos Humanos (CNDH) de México exigió hace unas semanas priorizar en la agencia nacional la crisis de feminicidios y desapariciones.

«La violencia de género que viven niñas y mujeres en el país debe ser reconocida como una prioridad en la agenda nacional, ya que esta genera la expresión más detestable como lo son los feminicidios y también las desapariciones», manifestó el organismo autónomo en un posicionamiento.

La comisión consideró «indispensable» la capacitación del personal ministerial y policías con perspectiva de género y respeto a protocolos, y la coordinación de los órganos de gobierno para frenar la violencia.

CARLOS JOSÉ REYES
REDACCIÓN INTERNACIONAL
EL TIEMPO

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