‘No parece que haya voluntad genuina de justicia en el gobierno de Maduro’

‘No parece que haya voluntad genuina de justicia en el gobierno de Maduro’

La organización Provea, una de las más antiguas de Venezuela, lleva más de 30 años acompañando a las víctimas de violaciones de derechos humanos y denunciando los abusos del poder en ese país.

Ante la falta de estadísticas oficiales, esta ONG se ha vuelto clave con la crisis humanitaria que viven los venezolanos publicando informes sobre la radiografía de los derechos en ámbitos como la salud, la vida, la libertad, los derechos laborales, etc.

Toda esta información la recopilan y la llevan hasta instancias internacionales para mostrar lo que ocurre dentro de Venezuela.

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A propósito de la situación actual en materia de derechos humanos, la investigación que adelanta la CPI y por dónde transita el país en materia de justicia para las víctimas, EL TIEMPO dialogó con Lissette González, coordinadora de Monitoreo, Investigación y Difusión de Provea, quien estuvo en Colombia invitada por la fundación Pares y Civil Rights Defenders.

“Nosotros vemos que es difícil que haya justicia. No parece que haya una voluntad genuina del gobierno de Nicolás Maduro en ese sentido”, dijo a este diario González a propósito del memorándum de entendimiento entre Venezuela y esa Corte.

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Nicolás Maduro, junto al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, en Caracas (Venezuela).

Foto:

Efe / Presidencia de Venezuela

-¿Qué opinan de la investigación de la CPI en Venezuela?

Creo que la estrategia del Fiscal (Karim Khan) con el caso venezolano es evitar que pase lo que pasa con otros juicios: que el Estado se salga del estatuto de Roma y entonces ya no pueda ser juzgado. Desde las organizaciones de derechos humanos vemos que en ese memorándum de entendimiento puede haber oportunidades para que se reinstitucionalice el poder judicial venezolano en aras de cumplir con los estándares que pide la Corte penal para que esos delitos sean juzgados en Venezuela.

Sin embargo, el reciente nombramiento en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que se hizo al designar a personas que no podían ser nombradas por la Constitución y vinculadas al partido de Gobierno, no da mucha esperanza.

En noviembre pasado uno veía que, si el Estado cumplía el acuerdo (que se firmó en noviembre de 2021), y se reinstitucionaliza el poder judicial y se juzga a los responsables, eso es bueno. La solución para que haya justicia no es necesariamente un juicio en La Haya. Lo importante es que sea en Venezuela. Sin embargo, antes había más esperanza que ahora con el nombramiento de este nuevo TSJ.

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-¿Qué viene entonces para Venezuela y su examen con la CPI para esclarecer los casos de ejecuciones extrajudiciales, torturas y abusos de poder por parte de los órganos estatales?

Nosotros vemos que es difícil que haya justicia. Por eso el trabajo de las organizaciones de derechos humanos es importante para seguir tratando de exigir que haya justicia. No parece que haya una voluntad genuina del gobierno de Nicolás Maduro en ese sentido. Ha habido condenas en el caso de la violencia en las protestas de 2017, pero no se ha ido a juzgar la cadena de mando. Creemos que es difícil que haya investigaciones para determinar cuál fue la cadena de mando que llevó a esas detenciones, torturas y muertes en Venezuela.

Es difícil que haya investigaciones para determinar cuál fue la cadena de mando que llevó a esas detenciones, torturas y muertes

-¿Cómo está hoy el panorama de detención de activistas, presos políticos y ejecuciones?

Hemos notado que el anuncio de CPI para iniciar una investigación ha tenido un impacto en el comportamiento de las fuerzas de seguridad, porque en el último año ha disminuido el número de ejecuciones extrajudiciales, las detenciones en manifestaciones. Se ve que esa amenaza de que pueda haber una justicia internacional ha tenido un efecto en que disminuyan alguna de estas prácticas, aunque no parezca que haya una voluntad genuina más respetuosa a los derechos humanos. Sobre todo, porque sí aumentaron las denuncias de tortura.

-¿Qué tan difícil es hacer el trabajo de Provea en Venezuela, donde el chavismo estigmatiza a las organizaciones humanitarias?

El principal desafío es seguir trabajando a pesar de las amenazas y hostigamientos que Provea ha recibido. Esta organización ha tenido un papel público notorio, porque además del trabajo de investigación se ha hecho un gran esfuerzo de difusión, y lo que publica Provea suele tener mucha repercusión. Eso es lo que hace que seamos blanco predilecto del gobierno para las amenazas. Nosotros no hemos cambiado nuestra línea: seguimos documentando, denunciando y el gran desafío es la seguridad de las personas que envían su información a Provea.

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-¿Cuál es el aspecto que más le preocupa a la organización en materia de derechos humanos en Venezuela?

Lo que lleva más repercusión de prensa es lo que tiene que ver con los derechos civiles y políticos. Es decir, una detención, una denuncia de tortura, etc. Pero, yo diría que la situación más grave es en materia de derechos sociales, porque la situación social del país ha venido deteriorándose sostenidamente desde 2014. Es un caso sistémico, porque como no hay agua y no hay luz, los hospitales no funcionan. Es una situación muy dura que afecta a millones de venezolanos, es menos visible, menos noticiosa, pero es lo más grave.

En el tema alimentario, Caritas Venezuela ya está documentando que el 34 % de los niños que ellos atienden tienen retraso en el crecimiento por desnutrición crónica. Eso son miles de niños venezolanos que van a cargar con esa discapacidad. Esas carencias de largo plazo van a generar efectos de largo plazo en el país.

La situación social del país ha venido deteriorándose sostenidamente desde 2014.

Foto:

Rayner Pena R/EFE

-¿Y en materia educativa?

En materia de educación hubo una encuesta de la Escuela de Educación de la Universidad Católica, y ellos hicieron un sondeo en escuelas y hallaron que es probable que más de 800.000 niños hayan abandonado estudios básicos (durante la pandemia).

También hubo una encuesta de juventud, entre 15 a 24 años, y 1’500.000 de personas en entre esas edades abandonaron sus estudios. La situación escolar es dramática.

Todo eso está mostrando un panorama de que la situación social en el futuro está muy comprometida. Si hay niños desnutridos y con deficiencias escolares, qué posibilidades van a tener de superarse en el futuro y superar la condición de pobreza. No ha habido ninguna política del Gobierno para tratar de nivelar a los niños mientras estuvieron las escuelas cerradas.

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-Recientemente, el país salió de la hiperinflación y esos datos macroeconómicos dan «señales» de mejoría. ¿Son sensaciones reales o son solo indcadores?

Ciertamente está bajando la inflación. Así lo calcula el Gobierno y los institutos opositores. Ambos tienen ese resultado. La economía crece. ¿Eso es desarrollo? ¿Eso quiere decir que Venezuela se está arreglando? Eso no es necesariamente una recuperación de la economía del país.

Lo que ha ocurrido estos últimos años es un ajuste económico, el más drástico de los ajustes neoliberales que ha vivido América Latina. Esa disminución de la inflación se ha logrado porque hay menos déficit público. ¿Cómo se acabó? Porque hay menos gasto: no se paga a los funcionarios, no invertimos en las escuelas, en los hospitales, invertimos lo mínimo posible en políticas sociales.

Hay una estabilización de la economía, pero esa estabilidad está beneficiando solamente a un porcentaje muy pequeño a la población a la que le pagan en dólares y los que reciben remesas. La mayoría de venezolanos que ganan en bolívares no puede pagar todos esos productos, que están a precios muy altos.

CARLOS JOSÉ REYES GARCÍA
REDACCIÓN INTERNACIONAL
EL TIEMPO

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