Por Iván Acosta
Hola, qué tal
WASHINGTON.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitó al Tribunal Supremo que bloquee el fallo de un tribunal inferior que le impide deportar a inmigrantes de varios países a Sudán del Sur sin darles la oportunidad de litigar sus casos.
Ocho migrantes de diferentes nacionalidades se encuentran retenidos en una base militar estadounidense en Yibuti, luego de que el Gobierno del republicano intentara enviarlos a Sudán del Sur, pero la Justicia se lo impidió.
El juez federal Brian Murphy, de Massachusetts, determinó que la Administración Trump violó una orden que le prohibía deportar a esas personas a un país donde podrían ser torturadas, sin brindarles la oportunidad de una defensa legal adecuada.
El Gobierno de Trump solicita ahora al Supremo que suspenda de inmediato esa orden, argumentando que dichos inmigrantes cometieron crímenes “monstruosos” y que solo Sudán del Sur ha aceptado recibirlos, ya que sus países de origen se han negado a hacerlo.
De los ocho deportados, solo uno es originario de Sudán del Sur; el resto proviene de Cuba, México, Laos, Birmania y Vietnam.
La legislación estadounidense establece que el Gobierno no puede deportar a migrantes a terceros países donde podrían ser torturados o correr riesgos graves.
El Departamento de Estado considera a Sudán del Sur como un país peligroso debido al conflicto armado. De hecho, recomienda a los ciudadanos estadounidenses no viajar allí y, a inicios de mayo, retiró del país a su personal no esencial.
El juez Murphy ofreció como alternativa que el Gobierno de Trump realizara las audiencias de los migrantes en Yibuti, país africano donde Estados Unidos opera una base militar y donde aterrizó el avión de deportación en ruta a Sudán del Sur.
El caso de Sudán del Sur representa el choque más reciente entre el Gobierno republicano y el poder judicial, en el marco de las medidas cada vez más agresivas de Trump para cumplir su promesa de implementar “deportaciones masivas”.
Para acelerar estos procesos, Washington busca acuerdos con otros países que estén dispuestos a recibir migrantes expulsados de Estados Unidos.
Como parte de esta estrategia, el Gobierno de Trump ordenó el traslado de más de 200 personas a una megacárcel en El Salvador, donde aún permanecen incomunicados de sus familiares y abogados.
Trump y su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, firmaron un acuerdo —no publicado hasta la fecha— mediante el cual el país centroamericano aceptará a los migrantes por un período inicial de un año, a cambio de un pago de 6 millones de dólares.
HASTA LA PRÓXIMA, AMIGO
