Por Iván Acosta
Hola, qué tal
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha incrementado sus pretensiones expansionistas al hablar de convertir Canadá en el estado 51, pero ha ignorado la situación de Puerto Rico, un territorio bajo dominio estadounidense desde 1898, que aún busca definir su futuro estatus político.
El dilema del estatus de Puerto Rico
La situación colonial de Puerto Rico sigue siendo uno de los principales debates en la isla. La población está dividida entre tres posturas:
- Estadidad (anexión a EE.UU.), promovida por el gobernante Partido Nuevo Progresista (PNP).
- Independencia, respaldada por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).
- Mantener el estatus actual de Estado Libre Asociado, con cierto grado de autonomía.
Para el PNP, cuyo objetivo es la anexión, el silencio de Trump sobre Puerto Rico, mientras muestra interés en Canadá y Groenlandia (territorio autónomo de Dinamarca), es un jarro de agua fría.
“Si miramos desde 1898, resulta evidente que en todas las ocasiones en las que cualquiera de las tres ramas de Gobierno de Estados Unidos ha tenido la oportunidad de expresarse oficialmente, han demostrado el interés inequívoco de que Puerto Rico ni se convierta en un estado de la unión ni en un país soberano”, explicó a EFE Jorge Schmidt, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Puerto Rico (UPR).
Según Schmidt, EE.UU. nunca ha mostrado interés en cambiar el estatus de la isla, ni por razones económicas ni geopolíticas. En 1917, EE.UU. otorgó la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños, pero no para concederles plenos derechos como un estado de la unión, sino para mantenerlos bajo la bandera estadounidense.
Impedimentos para la anexión de Puerto Rico
Para el politólogo, el mayor obstáculo para que Puerto Rico se convierta en un estado es:
- El alto índice de pobreza, que genera dependencia de fondos federales.
- Las diferencias culturales, lingüísticas y étnicas con EE.UU.
- El enfoque antiinmigrante de Trump, que ha exacerbado las tensiones raciales en el país.
“En estos tiempos con Donald Trump esto se ha exacerbado. Incluso están deportando personas que precisamente se parecen al perfil nuestro”, dijo Schmidt, refiriéndose a la política de deportaciones masivas de migrantes latinos.
El Estado Libre Asociado, establecido en 1952, otorga a Puerto Rico cierto grado de autonomía con gobierno y parlamento locales, pero EE.UU. sigue controlando aspectos como defensa, fronteras y relaciones diplomáticas.
Críticas al estatus de Puerto Rico
La abogada y senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, aseguró a EFE que Estados Unidos se beneficia enormemente de la «ambigüedad» del estatus de Puerto Rico.
“Se le puede dar un tratamiento contributivo distinto a residentes de EE.UU., lo que aplica para individuos con la Ley 22 y también para corporaciones multinacionales bajo decretos de exención contributiva”, denunció.
Además, Santiago criticó que Puerto Rico es un gran consumidor de bienes estadounidenses gracias a la Ley Jones, que regula el tráfico marítimo bajo el sistema de cabotaje, encareciendo las importaciones a la isla.
Otro punto de controversia es la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), creada por Washington en 2016 para manejar la crisis financiera de Puerto Rico. Para la senadora, esta es un «ejercicio de dictadura», ya que despoja a la isla de control sobre sus propios asuntos económicos.
Trump y su interés en Canadá
Según Santiago, el interés de Trump en anexar Canadá es «más un acto de fanfarronería que una intención legítima».
“El hecho de que Trump no mencione a Puerto Rico demuestra que la anexión de la isla no responde a ningún interés estratégico para EE.UU.”, afirmó.
Sin embargo, la gobernadora Jenniffer González, del PNP, quien también es aliada de Trump, ha intentado minimizar el tema, asegurando que la estadidad sigue siendo una prioridad.
En esa línea, el senador del PNP, José Aponte, declaró a EFE que:
“Todo hay que trabajarlo día a día. Las autoridades federales deben respaldar el 58.6 % de votos a favor de la estadidad en el último plebiscito local de 2024”.
Cabe destacar que ese plebiscito no fue vinculante, por lo que Washington no está obligado a reconocer su resultado.
Un plan secreto para la independencia de Puerto Rico
Además del desinterés de Trump por la estadidad, recientemente surgió un memorando confidencial que supuestamente circula entre las élites políticas de Washington.
Según este documento, hay un plan para conceder la independencia a Puerto Rico en un plazo de dos años, lo que ha generado incertidumbre en la isla.
Hasta la próxima, amigos.
