Estados Unidos ha entrado en una nueva fase de confrontación comercial, esta vez con su propia industria cultural. El expresidente Donald Trump, quien busca regresar a la Casa Blanca en las elecciones de 2024, anunció la imposición de un arancel del 100% a las películas producidas fuera del país, lo que generó un terremoto en Hollywood y encendió alarmas a nivel internacional.
La medida, presentada como parte de su estrategia para “recuperar empleos y orgullo nacional”, fue interpretada por el sector cinematográfico como un golpe directo a la libertad creativa y a la globalización del cine. Trump argumentó que la producción internacional subsidiada por gobiernos extranjeros representa una amenaza para la seguridad nacional estadounidense, al permitir —según él— la difusión de “mensajes e ideologías antiamericanas”.
El anuncio tuvo repercusiones inmediatas en Wall Street. Las acciones de gigantes como Netflix, Disney, Warner Bros. Discovery y Paramount sufrieron fuertes caídas. Netflix, en particular, se vio especialmente afectada debido a que una gran parte de su contenido original se produce fuera de Estados Unidos, en países como Corea del Sur, España, Alemania y México.
Los mercados no fueron los únicos en reaccionar. Desde el Reino Unido hasta Australia, pasando por Irlanda y Nueva Zelanda —todos ellos destinos populares para rodajes estadounidenses debido a sus incentivos fiscales y paisajes atractivos— expresaron su preocupación ante una medida que podría afectar gravemente a sus industrias locales.
El anuncio generó también desconcierto sobre cómo se aplicarán los aranceles. No está claro si se implementarán sobre los productos físicos (como las copias cinematográficas) o si afectarán también a los contenidos distribuidos por streaming. Esta última posibilidad plantea enormes desafíos técnicos y legales, ya que las plataformas digitales operan globalmente y se basan en una red de producción descentralizada.
En un intento de apaciguar los ánimos y reforzar su narrativa, Trump nombró a conocidos actores conservadores como Jon Voight, Mel Gibson y Sylvester Stallone como “embajadores especiales” para asesorar en políticas relacionadas con Hollywood. Esta jugada, sin embargo, ha sido vista por muchos como un gesto simbólico más que una estrategia con impacto práctico.
Expertos legales han advertido que el arancel propuesto podría violar tratados internacionales de libre comercio y enfrentarse a múltiples demandas judiciales. Además, gravar un servicio intangible como una película —especialmente cuando se trata de coproducciones internacionales— presenta complejidades logísticas sin precedentes.
La comunidad cinematográfica mundial observa con inquietud esta nueva iniciativa de Trump, temiendo que siente un precedente perjudicial para la colaboración artística global. “El cine siempre ha sido un puente entre culturas. Convertirlo en campo de batalla de una guerra comercial es un retroceso”, afirmó un portavoz de la Motion Picture Association of America (MPAA).
Por ahora, la industria del cine aguarda más detalles sobre la implementación efectiva de estos aranceles, mientras en los estudios reina la incertidumbre. Para muchos en Hollywood, la verdadera batalla no será en las taquillas, sino en los tribunales y en la arena política.