Valencia secunda a Madrid y rechaza los criterios de financiación de Montero por arbitrarios
En su propuesta de reforma de la financiación autonómica, el Ministerio de Hacienda trató de hacer la cuadratura del círculo, es decir, de contentar a todos. Para ello, presentó en diciembre un documento que giraba en torno al criterio poblacional -defendido por el bando encabezado por Comunidad Valenciana y Andalucía-, pero corrigiéndolo en la práctica con variables como la dispersión o la despoblación para contentar a la llamada España vaciada, el frente en el que se inscriben Galicia o Castilla y León. Pero si aquel primer «esqueleto» del nuevo reparto de los fondos autonómicos no acabó de convencer a casi nadie, la autonomía que lo aplaudió no solo da ahora un paso atrás, sino que advierte de que la propuesta del Ministerio puede caer directamente en la arbitrariedad. Dicho con otras palabras, que para el reparto del pastel no se aplicarían criterios objetivos, tal y como ha venido denunciando Madrid.
Esta es la principal conclusión del informe elaborado por los expertos valencianos sobre el cálculo de la población ajustada que plantea el Ministerio para superar el actual sistema, caducado desde 2014. El documento valenciano, de 79 páginas, cuestiona sin rodeos la propuesta de María Jesús Montero, y será asumido íntegramente por la Generalitat para remitir como alegaciones oficiales. Es más, el informe tiene el apoyo también de todos los partidos -salvo Vox-, la patronal y los sindicatos. PSOE y PP, en este caso, lo suscriben.
Y lo que dice el informe es que «la revisión del cálculo de la población ajustada es técnicamente poco satisfactoria, sobre todo en lo que se refiere al papel de las variables no poblacionales y el peso de las mismas en la distribución de los recursos». La postura de los expertos y de la Generalitat Valenciana es que todo el dinero que distribuya el Estado a las comunidades debe hacerse en función de la población. Todo lo que no sea este planteamiento seguiría dejando a la Comunidad Valenciana a la cola en financiación autonómica.
Las llamadas «variables correctivas» que incorpora el Ministerio (superficie, despoblación o dispersión) para matizar el criterio de la población serán rechazadas por la Comunidad Valenciana. El motivo, según el informe, es que «no son satisfactorias las evidencias estadísticas aportadas [por el Ministerio] sobre la significatividad de esas variables para explicar las diferencias de gasto entre comunidades». Dicho con otras palabras, no está claro ni cómo se calculan ni por qué a juicio de Hacienda deben representar un 3% de los recursos.
En opinión del informe valenciano, el cálculo de las necesidades de cada región «debería limitarse a variables poblacionales comprensibles por su simplicidad y transparencia en su cálculo», de manera que no sean «manipulables». Fuentes de la Conselleria de Hacienda explicaron que el planteamiento del Ministerio ni siquiera está bien fundamentado ni se basa en datos objetivos. El informe incide en esa línea: «En ningún momento las técnicas cuantitativas utilizadas permiten obtener las ponderaciones propuestas para las variables correctivas, otorgándoseles un peso del 3%-4% en base a lo que hace el actual modelo y a afirmaciones no fundamentadas».
Por tanto, a juicio de los expertos valencianos el documento del Ministerio «no puede ser considerado una propuesta suficiente para abordar la necesaria y urgente reforma del actual sistema de financiación». Lo que se plantea desde la Comunidad Valenciana es la supresión de todos los fondos que hasta la fecha no se reparten según la población. En definitiva, ir a un escenario «sin más fondos ad hoc que, como ahora sucede, desvirtúen la asignación que se derive de la población ajustada para justificar la del statu quo«.