Un grupo de activistas dominicanos iniciaron una campaña publicitaria en Times Square, Nueva York, para visibilizar las consecuencias de la prohibición total del aborto en la República Dominicana, en el marco de los 16 días de activismo para la eliminación de la violencia contra la mujer, declaración que este año cumple 25 años.
La campaña destaca las violaciones de los derechos humanos y la pérdida de vidas que enfrentan las mujeres dominicanas bajo una de las leyes reproductivas más restrictivas del mundo.
- «Al apoyar a mi comunidad, desde Santo Domingo hasta Times Square, sé que los dominicanos están agotados, enfurecidos y desconsolados», dijo la veterana activista feminista Sergia Galván Ortega.
«Nuestras vidas importan y seguiremos luchando hasta que se respeten nuestros derechos«, agregó Galván Ortega, cofundadora de la Coalición por la Vida y los Derechos de las Mujeres.
Con la campaña también se honra a las hermanas Mirabal, heroínas dominicanas cuya resistencia a la opresión se conmemora anualmente el 25 de noviembre.
Además, hay programado un evento que se llevará a cabo en Santo Domingo el 1 de diciembre,para crear conciencia sobre la violencia continua contra las mujeres.
La valla publicitaria de Times Square hace un llamamiento a la solidaridad mundial. «El legado de las hermanas Mirabal nos recuerda que, incluso en medio de la tragedia, la resistencia es posible», dijo Galván Ortega. «Honramos su lucha continuando la nuestra».
En un comunicado de prensa, las activistas señalan que la ley dominicana, basada en un código penal de 1884, penaliza el aborto sin excepción, lo que contribuye a las altas tasas de mortalidad materna y a miles de abortos inseguros cada año. Los defensores han luchado durante mucho tiempo por las «Tres Causales», excepciones para casos de peligro para la vida de la madre, embarazos no viables y violación o incesto.
Los esfuerzos de los activistas han cobrado impulso, con protestas en Santo Domingo, Nueva York, y el Desfile Dominicano. La atención internacional creció tras la muerte de Rosaura Almonte Hernández, de 16 años, a quien en 2012 se le negó el tratamiento vital para tratar un diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda debido a su embarazo. Su caso se encuentra actualmente bajo revisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
