Por Iván Acosta
Hola, ¿qué tal?
A cuatro meses del desplome de la icónica discoteca Jet Set, que dejó un saldo de 236 muertos y 180 heridos la fatídica madrugada del 8 de abril de este año, víctimas y familiares de los fallecidos siguen esperando justicia.
Cientos de familias aún no se reponen de esta tragedia que marcó un antes y un después para la sociedad dominicana. Mientras tanto, víctimas y familiares claman justicia en medio del dolor, la incertidumbre y la lentitud del sistema.
El suceso destapó una serie de irregularidades relacionadas con la estructura física del establecimiento, la falta de revisión, los permisos de funcionamiento y la aparente negligencia en el mantenimiento de la infraestructura.
Cuatro meses después, el proceso judicial avanza lentamente. Las víctimas y sus representantes legales han denunciado públicamente la falta de celeridad. Aunque el Ministerio Público presentó recursos de apelación contra decisiones judiciales previas que favorecían a algunos de los imputados, todavía no se ha fijado la fecha para conocer estos recursos en los tribunales competentes.
Mientras tanto, se mantienen abiertas investigaciones complementarias sobre la responsabilidad técnica y administrativa en el colapso, incluyendo la participación de ingenieros civiles, inspectores de edificaciones, propietarios del local y funcionarios municipales.
Organizaciones de derechos humanos y colectivos ciudadanos han exigido al sistema de justicia actuar con mayor transparencia y compromiso, señalando que este caso no puede ser tratado como un incidente aislado, sino como un ejemplo crítico de la fragilidad institucional ante situaciones que comprometen la vida humana.
Jet Set era considerada una de las discotecas más emblemáticas del país, con más de 45 años de historia, famosa por sus noches de salsa y presentaciones de artistas nacionales e internacionales. Su repentino colapso no solo marcó el fin de una era en la vida nocturna dominicana, sino que dejó al descubierto presuntas omisiones tanto del sector privado como de las autoridades públicas.
La sociedad dominicana continúa atenta al desenlace del caso Jet Set, considerado uno de los episodios más lamentables en la historia reciente de la vida nocturna del país. Lo que era un símbolo de alegría y música hoy se ha convertido en un emblema de lucha por justicia y rendición de cuentas.
El 30 de junio, la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Fiscalía del Distrito Nacional depositaron un recurso de apelación contra la decisión de la jueza que dejó en libertad a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, imputados por el colapso del techo de la discoteca Jet Set Club que dejó 235 personas muertas y más de 180 heridas.
Al presentar el recurso ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, el fiscal Emmanuel Ramírez, adscrito a la Dirección General de Persecución, expresó que, tal como adelantó el procurador adjunto Wilson Camacho, los investigadores del caso rechazan la medida impuesta por la jueza Fátima Veloz por no ser proporcional a los hechos imputados y por obviar que el sistema de justicia debe evitar que los procesados intimiden a testigos del caso.
“Solicitamos, como en la solicitud inicial, prisión preventiva para Antonio Espaillat y arresto domiciliario para Maribel Espaillat, por ser las medidas de coerción idóneas para el término de la investigación”, explicó Ramírez.
Luego del depósito del recurso, Emmanuel Ramírez explicó que ahora corresponde a la Corte de Apelación del Distrito Nacional fijar la sala que conocerá el recurso del Ministerio Público y de los cientos de querellantes que también rechazan la decisión judicial.
La medida de coerción apelada fue emitida por la jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, durante una audiencia celebrada el pasado 18 de junio, que se extendió por alrededor de 14 horas.
En su decisión respecto al caso ocurrido el pasado 8 de abril y que enlutó a cientos de familias y llenó de tristeza a todo el pueblo dominicano, la jueza impuso a los imputados una garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país, en un proceso que fue declarado complejo.
El procurador adjunto Wilson Camacho calificó dicha decisión como “una burla a las víctimas”, al señalar que el tribunal no valoró adecuadamente la magnitud del daño causado a la sociedad dominicana y a las familias de las víctimas.
“Estamos hablando de 235 personas que murieron, más de 180 heridos y más de 130 niños que quedaron huérfanos, como consecuencia de una conducta motivada por el interés económico por encima de la seguridad de las personas”, expresó Camacho, quien encabezó el equipo litigante junto a los fiscales Rosalba Ramos, Héctor García, Magalys Sánchez, Emmanuel Ramírez, Rosa Ysabel Mejía, Miguel Collado y Vladimir Viloria.
A cuatro meses, el proceso judicial que busca establecer responsabilidades por el trágico suceso aún no tiene fecha de audiencia en la Corte de Apelación del Distrito Nacional, debido a que continúan llegando recursos contra la decisión del juzgado de Atención Permanente que dejó en libertad al gerente general de la discoteca, Antonio Espaillat, y a su administradora, Maribel Espaillat, mediante una garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida.
La decisión ha generado malestar en la sociedad dominicana, principalmente entre las víctimas y familiares, que esperaban una resolución acorde con la magnitud del daño causado.
El Ministerio Público ha iniciado formalmente los recursos de apelación contra las decisiones judiciales preliminares.
HASTA LA PRÓXIMA, AMIGO
